La octava imputación proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el macrocaso 03 —que investiga y juzga a los máximos responsables de los ‘falsos positivos’— fue dirigida contra 28 exmilitares, hallados responsables de 604 casos en la Costa Caribe. Entre las víctimas se identificaron 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayú y Kankuam, así como 26 menores de edad y 14 mujeres, una de ellas embarazada. En total, el 76 % de las bajas en combate analizadas por la Sala entre 2002 y 2008 por este subcaso, fueron falsas.
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JEP imputa a 28 militares retirados por 604 ‘falsos positivos’ en la Costa Caribe Foto:JEP
Los señalados como máximos responsables por la Jurisdicción en este caso fueron los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete, Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes estuvieron al frente de la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 y el Batallón de Artillería La Popa, entre 2004 y 2006.
También fueron imputados los brigadieres generales Fabricio Cabrera Ortiz, comandante de la X Brigada Blindada, y Adolfo León Hernández Martínez, comandante del batallón La Popa entre diciembre de 2007 y mediados de 2009. Así como siete coroneles —entre ellos William Hernán Peña Forero, excomandante de la XI Brigada— y 16 oficiales y suboficiales, quienes habrían sido partícipes determinantes de los crímenes.
Al hurgar en las entrañas del fenómeno, que se gestó en el Batallón La Popa y se propagó a otras unidades militares de la región, la JEP identificó 13 víctimas de ‘falsos positivos’ en los periodos no priorizados, es decir, antes de 2002 y después de 2008. Entre estos casos destaca el de un adolescente asesinado con una granada en 1995, cuyo cuerpo fue exhibido por los militares en las calles de San Pablo, Bolívar, presentándolo como supuesto guerrillero.
JEP imputa a 28 militares retirados por 604 ‘falsos positivos’ en la Costa Caribe Foto:Jep
Esta conducta estuvo respaldada por un adoctrinamiento que puso las bajas como prioridad. Se impusieron exigencias y castigos a quienes no reportaran muertes en supuestos combates, y se ofrecieron recompensas a quienes lograban destacarse en ese indicador.
De acuerdo con la investigación de la JEP, el patrón criminal se estructuró a partir de una finalidad común: una política de conteo de cuerpos, «un sistema tripartito de presiones, incentivos y ascensos», y un entramado de silencio en el que incluso se orquestaron amañamientos en los documentos de registro para encubrir los casos.
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El amañamiento y la financiación de los crímenes
Para perpetuar el patrón criminal sin levantar sospechas de las cifras maquilladas, las unidades militares se encargaron de alterar las órdenes operacionales. Al asesinato y la desaparición de inocentes se sumó un entramado que «facilitaba el ocultamiento del crimen y que iba desde la modificación de la escena hasta la obstrucción de la investigación disciplinaria«, se lee en el auto.
Así mismo, la magistratura encontró que la práctica criminal contaba con financiación que salía de los fondos reservados destinados al pago de información. Por ejemplo, durante la comandancia del entonces mayor Julio César Parga Rivas en el Gaula Córdoba, se utilizaron al menos 91 millones de pesos para la compra de armas, el pago a los reclutadores y otros aspectos logísticos como kits de uniformes.
«Para justificar estos pagos, se elaboraron actas falsas de pago de información, que eran firmadas por personas que suplantaban a supuestos informantes, incluyendo a familiares de miembros del Gaula», informó la Jurisdicción.
Las historias de las víctimas
La JEP encontró dos modalidades de selección de las víctimas. La primera, aquellas quienes eran señaladas falsamente como integrantes o colaboradores de grupos guerrilleros, argumento que se usó para justificar su asesinato.
Homenaje a ‘falsos positivos’ en las instalaciones de la JEP. Foto:Carlos Ortega. EFE
La segunda, personas en condiciones de vulnerabilidad que eran reclutadas a través de falsas promesas de dinero. Soldados y suboficiales vestidos de civil los convencían de trasladarse a lugares alejados de sus hogares, donde finalmente eran asesinadas.
En el subcaso Costa Caribe se destaca la victimización desproporcionada que sufrieron los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y el valle aledaño a la Serranía del Perijá.
Un caso emblemático es el de las adolescentes Elibeth Vega Izquierdo, Claribel Rodríguez Sierra y Claudia Patricia Peña, quienes fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate en San Juan del Cesar, La Guajira. Las tres habían sido reclutadas por el Frente 59 de las Farc cuando eran niñas y, a los 20, 17 y 16 años, lograron desertar. Tras escapar, fueron retenidas por paramilitares, quienes las entregaron al Grupo de Caballería Mecanizado Nº 2.
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El 23 de agosto de 2005 fueron presentadas como muertes legítimas en un supuesto enfrentamiento entre el Ejército y un pelotón guerrillero.
«Se truncaron tanto proyectos de vida individuales como colectivos, y se generaron sufrimientos que afectaron la estructura misma de estas comunidades. Por ejemplo, la estigmatización de los pueblos indígenas —a quienes se señalaba falsamente como colaboradores de grupos guerrilleros— puso en riesgo su existencia. Esta situación obligó al desplazamiento de comunidades enteras, como ocurrió con el pueblo Wiwa», dijo la JEP.
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Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia