En una carta dirigida a la Fiscalía General de la Nación, y fechada el pasado 29 de mayo, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, denunció sentirse abandonado por el sistema de justicia tras haber colaborado decididamente en la investigación de uno de los casos de corrupción más graves del país.
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Olmedo López en audiencia. Foto:Archivo Particular
Las seis claves de la misiva al ente de investigación
- Colaboración clave en el proceso penal
López recuerda que fue el primero en romper el pacto de silencio en torno a la corrupción en la UNGRD, entregando pruebas, documentos, fechas, rutas del dinero y nombres de altos funcionarios. Esta información permitió que otros procesados aceptaran cargos, se celebraran nuevos preacuerdos y se destaparan las estructuras de corrupción incrustadas en el poder político y administrativo.
El exfuncionario denunció haber sido víctima de un soborno de 13 mil millones de pesos para que guardara silencio. A pesar de rechazar esta oferta y continuar colaborando con la justicia, denuncia que quienes intentaron comprar su silencio ahora gozan de beneficios jurídicos superiores, como principios de oportunidad y preacuerdos, mientras él queda desprotegido.
Carta de Olmedo López a la Fiscalía. Foto:Cortesía
- Riesgo a su vida y a la de su familia
- Crítica a la improbación del preacuerdo
El exdirector calificó la improbación del preacuerdo como una señal devastadora que desincentiva futuras colaboraciones en casos de corrupción. Considera que esta decisión erosiona los cimientos de la justicia premial, al dejar sin respaldo a quienes deciden hablar y al mismo tiempo beneficiar a quienes operaron desde las sombras.
Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Foto:Foto: Jesús Blanquicet
- Restitución del dinero apropiado y solicitud de perdón
López señaló que devolvió los 742 millones de pesos correspondientes al dinero apropiado durante su gestión en la UNGRD. Además, reiteró su arrepentimiento y pedido de perdón al país y a las víctimas, destacando que su colaboración no buscó beneficios, sino contribuir a la verdad y a la justicia
- Llamado a la Fiscalía por garantías y equidad
En su misiva, López hizo un llamado a la Fiscalía para que garantice su seguridad, la de su familia y el respeto a su colaboración. Pidió que no se premie más a quienes intentaron silenciar la verdad que a quienes la defendieron, y exigió coherencia institucional para que futuros testigos se atrevan a hablar y no prevalezca la impunidad.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Foto:Archivo particular.
López instó a que se promueva la aplicación del principio de oportunidad, destacando que su testimonio fue crucial para identificar y judicializar a estructuras criminales que de otro modo habrían permanecido impunes. “Hoy, incluso quienes intentaron sobornarme se acogen a beneficios que no existirían sin mi testimonio. Esa paradoja debe ser corregida con visión estratégica e institucional”, sentenció.
“Señora Fiscal: solo pido justicia. Justicia que sea coherente con los hechos, proporcional a los aportes, y valiente frente al poder. La misma valentía que yo tuve cuando decidí hablar, a pesar del miedo, del riesgo y del costo personal que ello implicaba”, concluyó López.
Audiencia de Olmedo López. Foto:Archivo Particular
¿Por qué se negó el preacuerdo?
El pasado 16 de mayo, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá negó el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y López.
El preacuerdo proponía reducir la pena a 6 años y 2 meses de prisión, ya que la pena inicial era de 12 años y 5 meses por el delito de peculado por apropiación. Sin embargo, el togado señaló que se trató de tres eventos delictivos distintos y de una apropiación total que supera los $25.500 millones.
«La Fiscalía parte de una pena considerable para un monto inferior y luego propone un aumento casi simbólico para los peculados adicionales que suman más de $25.000 millones», dijo el juez durante la audiencia, señalando que se «desconoce flagrantemente el principio de proporcionalidad de las penas».
El despacho también cuestionó la escasa severidad del acuerdo frente al impacto del delito: «Teniendo en cuenta poblaciones indígenas vulnerables -como lo ha destacado la Corte Constitucional- como para que se haga un aumento de pena tan irrisorio».
Redacción Justicia
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