Las alarmas se encendieron esta semana en el Congreso tras las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Roberto Gamaliel Uparela, sobre el futuro del contrato de concesión de Autopistas del Caribe, responsable del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla.
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Aspecto general de la Autopista del Caribe que conecta a los departamentos de Bolívar y Atlántico. Foto:Cortesía Autopista del Caribe
Uno de los puntos más críticos ha sido el cierre financiero del proyecto, que depende de los ingresos generados por seis peajes existentes —ubicados en Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Galapa y Sabanagrande— y un nuevo punto de cobro en Arroyo de Piedra. No obstante, el rechazo social al cobro en algunos de estos puntos ha generado una crisis para la sostenibilidad del modelo.
El caso más sensible es el del peaje de Turbaco, donde desde hace más de dos año la comunidad ha sostenido una férrea oposición al cobro para vehículos de categorías I y II (automóviles, camperos, camionetas, microbuses, buses y busetas). Esta presión derivó en protestas constantes y en la suspensión del recaudo, lo que ha afectado directamente los ingresos proyectados para el financiamiento del proyecto.
Esta es una concesión que lleva 0 % de ejecución. Hemos tenido muchísimas dificultades para que la estructura tarifaria pueda implementarse, particularmente por temas como el peaje de Turbaco. Aquí estamos ya explorando alternativas con el concesionario para la terminación de este contrato
Protestas en el Peaje de Turbaco (Bolívar) Foto:Yomaira Grandett/ Especial para EL TIEMPO
La intervención del representante a la Cámara Fernando Niño fue clave para abrir el debate. Niño expresó la preocupación de la comunidad de Turbaco frente a la reciente prórroga de la suspensión del cobro, extendida hasta el 31 de diciembre de 2025. Según advirtió, los recursos que están supliendo el déficit por el no recaudo provienen de un fondo de emergencia establecido en el contrato, el cual podría agotarse próximamente.
“La gran preocupación de la comunidad es: ¿qué va a pasar cuando estos recursos se acaben? Las garitas de peaje aún siguen instaladas, a pesar de que la ciudadanía ha pedido su desmonte. Lo que se necesita es una respuesta clara y objetiva frente a esta problemática”, reclamó el congresista.
Puente de Gambote en Bolívar, hace parte de la Autopista del Caribe. Foto:Cortesía Autopista del Caribe
Por su parte, Ernesto Carvajal, representante legal del consorcio Autopistas del Caribe, confirmó que dentro del diálogo con la ANI se han contemplado diferentes escenarios, entre ellos, la posible finalización anticipada del contrato, debido a las dificultades para ajustar su alcance y garantizar la sostenibilidad financiera.
Sin embargo, fue enfático en que el concesionario continúa buscando soluciones para preservar el proyecto. “Seguimos trabajando de manera articulada con la ANI en la búsqueda de salidas que permitan proteger los avances logrados y el impacto positivo que este proyecto podría tener para la región Caribe”, concluyó.
Aspecto general de la Autopista del Caribe que conecta a los departamentos de Bolívar y Atlántico. Foto:Cortesía Autopista del Caribe
El Corredor de Carga Cartagena–Barranquilla es uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos de la región Caribe. Abarca:
- 253 km de operación y mantenimiento de vías existentes.
- Construcción de nueve unidades funcionales que incluyen dobles calzadas, variantes e intersecciones.
- Peajes estratégicos como fuente de financiación, entre ellos uno nuevo en Arroyo de Piedra.
La iniciativa busca mejorar la movilidad de carga entre los puertos y zonas industriales de Cartagena y Barranquilla, pero su ejecución hoy pende de un hilo. La decisión final, entre salvar el proyecto o disolver el contrato, está ahora en manos de la ANI, el concesionario y un tribunal internacional.