Antonio Sanguino defiende su rol pese a investigación y respalda la consulta: 'No mezclo eso con mi agenda pública'

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, enfrenta actualmente una investigación ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El caso está relacionado con su gestión como concejal de Bogotá hace más de 15 años y se divide en dos eventos. Por el primer evento, la que la Fiscalía solicitó preclusión parcial y está relacionado con una reunión ocurrida en el primer trimestre de 2008, en la que —según el expediente— Sanguino habría negociado con el exalcalde Samuel Moreno y el exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, el nombramiento de Liliana Paternina como directora del Hospital de Usme.

Como el plazo máximo de prescripción para el delito imputado es de 16 años (al ser cometido por un servidor público), y ya se cumplió, la Fiscalía solicitó archivar ese cargo.

También explicó que respalda la solicitud de nulidad presentada por su defensa, señalando que el escrito de acusación inicial fue jurídicamente deficiente.

El documento fue radicado por la Fiscalía en febrero, cuando un nuevo equipo asumió el expediente. No obstante, fuentes de la propia entidad confirmaron esta semana al diario que, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, no fue notificada directamente de la solicitud, lo que ha generado preguntas sobre la coordinación interna en el ente acusador.

El otro frente que ha colocado al ministro en el centro del debate es la circular 0061 del 27 de mayo, firmada por él mismo, en la que el Ministerio del Trabajo instruyó a empleadores públicos y privados a permitir que sus trabajadores participaran en el paro convocado por sectores afines al Gobierno, sin imponer descuentos, sanciones o represalias.

La circular se emitió con ocasión de las movilizaciones del 28 y 29 de mayo en más de 90 municipios del país, como parte del respaldo a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.

La medida no pasó inadvertida. Fue demandada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) mediante una acción de nulidad simple, argumentando que el Ministerio alteró el orden jurídico vigente al crear, de facto, un permiso remunerado que no está regulado por ley.

El caso está ahora en manos del Consejo de Estado, que deberá determinar si la circular se extralimitó en sus efectos jurídicos sobre el sector privado y la administración pública.

El caso está ahora en manos del Consejo, que deberá determinar si la circular se extralimitó en sus efectos jurídicos sobre el sector privado y la administración pública.

El ministro también aclaró que, en caso de incumplimiento de la circular, el Ministerio puede iniciar investigaciones administrativas. En el sector público, los casos podrían ser trasladados a la Procuraduría; y en el privado, podrían resultar en multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales, como lo establece la Ley 1610 de 2013.

La circular ha generado respuestas divididas en el ámbito jurídico. En EL TIEMPO, abogados como Juan Felipe Molina afirmaron que las sentencias de la Corte Constitucional citadas por el Ministerio no justifican el carácter obligatorio del permiso, y advierten que la circular puede estar imponiendo condiciones sin marco legal. 

Otros expertos, como Diego Suárez y Paula Andrea Escobar, señalaron que se trata de una medida más política que jurídica, aunque reconocen el respaldo constitucional al derecho a la protesta.

Por otro lado, el ministro también se refirió a la consulta popular propuesta por el Gobierno y reafirmó su respaldo como estrategia para defender las reformas sociales en caso de que el Congreso las frene:

“La reforma laboral sigue en pronóstico reservado y hasta la conciliación no sabremos el resultado final. Por lo tanto, la consulta popular se mantiene. Es el seguro de vida de las reformas sociales”.