El pasado 28 de mayo de 2025, la Comisión Cuarta del Senado aprobó en tercer debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, con ponencia mayoritaria de la senadora Angélica Lozano. La iniciativa plantea, entre otros cambios, el recargo dominical y festivo al 100 por ciento y la ampliación de la jornada nocturna, que comenzaría a las 7:00 de la noche.
En este contexto, gremios empresariales y sectores productivos han comenzado a pronunciarse sobre las implicaciones económicas que tendrían las nuevas disposiciones, especialmente en sectores con alta demanda de trabajo en horarios extendidos y fines de semana, como la vigilancia privada.
“Las empresas de vigilancia y seguridad estamos procurando un equilibrio entre pagar lo de ley a los trabajadores, pero también un equilibrio con los usuarios, con quien paga el servicio de seguridad, porque sin clientes tampoco hay vigilancia”, declaró Botero, al explicar las tensiones financieras que podrían surgir con la implementación de los nuevos recargos.
Botero señaló que, de acuerdo con los cálculos del gremio, el costo por trabajador aumentará un 18 por ciento de aquí a julio de 2026. Este incremento se atribuye directamente a los cambios en la legislación laboral que implican un mayor gasto por concepto de horas extras, recargos dominicales y nocturnos.
El proyecto de reforma dice que la semana laboral será de 42 horas. Foto:Montaje a partir de fotos de Istock
“Ese es un impacto muy duro, es un escenario preocupante porque podemos prever contracción en el servicio y migración a otros servicios”, dijo el directivo gremial, en referencia a una posible reducción de la demanda por servicios de vigilancia física debido al alza de los costos laborales.
Esa diferencia, según explicó, responde a las condiciones particulares de seguridad en el país, pero la tendencia es hacia una automatización progresiva del servicio. “Hacia allá irá el servicio”, afirmó, al advertir que una parte significativa del personal podría ser reemplazada por tecnologías si los costos laborales hacen inviable la operación de empresas de vigilancia.
Se viene una reforma salarial para las tarifas de vigilancia privada. Foto:iStock
Entre los datos más relevantes entregados por Fedeseguridad, se encuentra la proyección de pérdida de empleos. Según Nicolás Botero, si la reforma laboral es aprobada tal como está planteada actualmente, se estima que cerca de 18.000 empleos del sector podrían desaparecer.
Esta reducción afectaría principalmente a los trabajadores que prestan servicios de vigilancia física en copropiedades, industrias y comercios, donde el modelo actual depende de la presencia continua de personal.
Frente al panorama descrito, algunas empresas del sector ya estarían considerando alternativas para reorganizar sus servicios. Esto incluiría la adopción acelerada de tecnologías de seguridad, la renegociación de contratos con clientes, y ajustes en la cantidad de turnos operativos.
El gremio ha hecho un llamado a los legisladores a revisar los impactos específicos de la reforma en sectores intensivos en mano de obra y con dinámicas laborales atípicas, como es el caso de la vigilancia y la seguridad privada.
Fedeseguridad, en representación del sector, continuará participando en los espacios de diálogo legislativo con el objetivo de aportar cifras, análisis y propuestas que permitan equilibrar los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad económica de las empresas de seguridad.