Casi 800 jóvenes víctimas del conflicto armado han sido atendidos por el Idipron en Bogotá durante 2025

En lo corrido de este año, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) ha brindado atención a 784 adolescentes y jóvenes en situación de calle que, además, han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Esta cifra, revelada por la entidad en un comunicado oficial, representa un incremento del 69 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se reportó la atención de 1.134 personas durante todo el 2024.

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A través de su modelo pedagógico, Idipron busca restituir estos derechos, brindar acompañamiento psicosocial y transformar el rumbo de vida de quienes han sido desplazados o marcados por la violencia.  

“Estamos reafirmando que la niñez, adolescencia y juventud necesitan más oportunidades para restablecer sus derechos. Nosotros queremos transformar y mejorar cada día nuestra oferta institucional para atender a los niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad, en el momento justo y con una garantía de derechos real que les permita reconstruir su vida desde la esperanza”, expresó Javier Palacios Torres, director de la entidad. 

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Este esfuerzo del Idipron hace parte de una respuesta mucho más amplia que ha debido activar el Distrito Capital para atender el creciente número de víctimas que llegan a la ciudad. La Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá reportó que solo en enero de 2025, la capital recibió un 30 por ciento más de personas desplazadas por el conflicto armado en comparación con años anteriores. 

Este repunte se atribuye en buena medida a la situación en el Catatumbo, Norte de Santander, una región históricamente afectada por la violencia, donde más de un centenar de familias han sido revictimizadas después de haber sido trasladadas al predio Las Pavitas, en Puerto Boyacá. Ahora, enfrentando nuevas amenazas, Bogotá se prepara para recibir a estas familias desde este lunes, 14 de abril. 

Ante este panorama, el Distrito, en coordinación con la Unidad para las Víctimas, ha implementado una estrategia de atención integral. Esta incluye alojamiento temporal, alimentación, acceso a salud y educación, orientación jurídica, caracterización socioeconómica y acompañamiento psicosocial. Todo esto se realiza a través de los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local. 

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Por esta razón, la administración distrital ha solicitado al Gobierno nacional que, bajo los principios de concurrencia y subsidiariedad, asuma directamente el alojamiento de la población Emberá —que permanece en albergues desde septiembre de 2023— y acelere los procesos de valoración del Registro Único de Víctimas. La permanencia prolongada de estos grupos en los refugios temporales ha elevado los costos de ayuda humanitaria y ha reducido la capacidad para recibir nuevos desplazados. 

“Bogotá mantiene su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de Paz y con su propósito de ser una ciudad acogedora para las víctimas del conflicto armado”, se lee en el comunicado de la Consejería de Paz. No obstante, recalcan que este esfuerzo no puede ser unilateral. 

Desde el Distrito, se hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para acelerar los procesos de reubicación definitiva y garantizar traslados seguros, dignos y voluntarios. La demanda por servicios de emergencia en salud, vivienda, alimentación y atención psicosocial no solo exige recursos, sino también articulación entre entidades del orden nacional y territorial.

Laura Valeria López Guzmán

En X: @Lauravalerialo

Redacción Bogotá

EL TIEMPO