El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Fredy Ibarra Martínez, admitió una demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara del Pacto Histórico David Ricardo Racero Mayorca.
La demanda se basa en la presunta utilización de un subalterno de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista para actividades personales, como atender un mercado fruver en la localidad de Engativá, en Bogotá.
También ordenó comunicar la decisión a varias entidades: el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Representantes.
David Racero, representante del Pacto Histórico. Foto:X: @DavidRacero
Las razones de la demanda
De acuerdo con los hechos presentados, el periodista Daniel Coronell publicó el 29 de septiembre de 2024 una columna titulada «Doble Racero» en la revista Cambio, en la que reveló conversaciones por WhatsApp entre Racero y su asistente Leonardo García.
El 30 de septiembre, Coronell reiteró su denuncia en su espacio radial en La W, y el 2 de octubre EL TIEMPO publicó audios que probarían la instrucción directa de Racero para que su conductor atendiera labores en el establecimiento comercial.
En esos audios, Racero da instrucciones sobre la entrega de dinero para la compra de productos del mercado y menciona montos específicos, sumando hasta dos millones de pesos.
Según los documentos allegados a la demanda, Leonardo García estaba vinculado a la UTL de Racero como Asistente II desde el 15 de enero de 2020, con un salario mensual superior a los tres millones y medio de pesos.
Consejo de Estado admite demanda contra David Racero. Foto:Archivo particular.
Con base en estas pruebas, el Consejo de Estado deberá determinar si Racero desvió recursos públicos para asuntos privados y si, por lo tanto, debe perder su investidura y quedar inhabilitado de manera permanente para ejercer cargos de elección popular.
Por ahora, Mary Anne Perdomo, Alexander López Maya, Roy Barreras Montealegre y César Pachón, son los cuatro parlamentarios del partido de presidente Gustavo Petro, que perdieron su silla en el Congreso de la República, por orden del Consejo de Estado.
Juan Diego Torres
Dielas@eltiempo.com
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