Ecopetrol acaba de publicar un comunicado oficial de 5 puntos en el que, a nombre de su junta directiva, establece una postura sobre el escándalo que se desató luego de que EL TIEMPO reveló la existencia de un otrosí por 5,8 millones de dólares por el que nadie responde.
Este diario reveló documentos confidenciales en donde se demuestra que el contrato habría sido autorizado por la junta. Sin embargo, esta asegura que ni el comité de auditoría ni la junta directiva fueron consultadas y que colaborarán con las autoridades para las investigaciones pertinentes.
Este es el comunicado:
2. A solicitud de la Junta Directiva, en uso de sus facultades estatutarias y como resultado de un proceso plural, Ecopetrol contrató como asesor legal especializado a la firma Covington & Burling LLP, desde el 29 de agosto de 2024, para realizar el análisis de las políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses. En este proceso no participó el Presidente de la compañía. El contrato referido le permite a la Junta Directiva recurrir al asesor cuando lo considere necesario, para asegurar el cumplimiento de las normas pertinentes.
3. Tal y como se verificó en las actas, ni el Comité de Auditoría ni la Junta Directiva fueron consultados respecto a la firma del otrosí al contrato original, menos aún del cambio en su alcance y el valor del mismo. Como consecuencia de lo anterior, la Junta Directiva ordenó la suspensión de las actividades desde febrero de 2025.
En su momento y de manera oportuna, la Junta Directiva solicitó someter estas actuaciones a auditoría e investigación, en el marco del respeto a la Ley y al debido proceso. En función de los resultados de estos procedimientos, se tomarán las acciones legales y administrativas que correspondan.
5. Ecopetrol S.A. mantiene su solidez operativa y financiera. La Empresa ha sido rigurosa y oportuna en la publicación de toda la información relevante de interés del mercado y de la opinión pública. Esta coyuntura no afecta los planes ni los proyectos definidos por la empresa y tampoco las expectativas de producción y crecimiento para el año en curso. La transparencia y la defensa del patrimonio público son prioridades de la Junta Directiva, en línea con los principios de buen gobierno corporativo.