El entramado ilegal que financió ‘falsos positivos’ con gastos reservados

Al menos 90 millones de pesos —equivalentes hoy a cerca de 250 millones— de gastos reservados fueron desviados por el Gaula Militar de Córdoba para financiar una operación criminal en la que, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “todos los miembros de la unidad habrían participado activamente”. Usando falsas promesas de empleo como carnada, atraían a las víctimas que luego eran asesinadas y presentadas como falsas bajas en combate.

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Esta práctica, si bien no se probó que fue institucionalizada, sí ocurrió “de forma sistemática”. Tanto la malversación como el encubrimiento.

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“Los gastos reservados se hacían pasar como retribuciones por supuestos aportes de inteligencia, mientras que los recursos de Fondelibertad, destinados originalmente a la lucha contra el secuestro y la extorsión, eran utilizados para financiar operaciones encubiertas ilegales, mediante la suscripción de documentos falsos que simulaban estar bajo el marco jurídico. Esta manipulación permitía fingir combates y pasar como legítimas las ejecuciones extrajudiciales”, le dijo a este diario el magistrado Óscar Parra, relator del subcaso costa Caribe de la investigación de ‘falsos positivos’.

La JEP documentó que algunos de los fusiles, adquiridos en el mercado ilegal, que acomodaban post mortem a las víctimas, estaban avaluados entre 500.000 y 1 millón de pesos de hace 20 años. Solo en la costa Caribe se registraron 604 casos, de los cuales un buen porcentaje fue ‘legalizado’ mediante esta táctica que, por su efectividad, se propagó como un virus.

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El Gaula de Córdoba, por ejemplo, extendió el patrón a otras unidades militares como la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre. “A cuyo entonces comandante se le habría entregado parte de la plata de estos fondos para replicar el mismo modus operandi”, se lee en el auto de la JEP. También encontró que el 88,7 % de los recursos ejecutados del rubro de gastos reservados de la Séptima División se utilizó en el pago de informantes.

Durante una audiencia de versión voluntaria, el capitán Nelson Mauricio Molano sacó a la luz el funcionamiento del entramado.

“Cuando se daban estos asesinatos se reclamaban unas recompensas, porque supuestamente alguien había dado esa información y a ese alguien tocaba pagarle. Las recompensas eran de 500.000 pesos; esos ‘Paulita’ nos los entregaba a nosotros y ella hacía toda la documentación. Ella no nos ponía a nosotros a firmar nada, ella simplemente decía: ‘un muerto, tome 500 que eso sale de gastos reservados’. Entonces esos 500 era para apoyar la compra de armas, para traer personas de otros sitios o para lo que uno necesitara en ese momento”.

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De acuerdo con la investigación, a veces los reclutadores firmaban directamente las actas de pago. En otras, los integrantes de los batallones falsificaban las firmas de civiles que supuestamente habían delatado a los supuestos insurgentes para el desarrollo exitoso y “legítimo” de una operación. En total, el 76 % de las bajas en combate analizadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad entre 2002 y 2008 por este subcaso fueron falsas.

Según el magistrado Parra, la malversación de recursos públicos para financiar homicidios de personas inocentes o indefensas, y su encubrimiento a través de la falsificación de documentos, se enquistó en algunas comandancias de batallones.

“Los coroneles actuaban como ordenadores del gasto y autorizaban el uso de recursos que terminaron financiando ejecuciones extrajudiciales. También se identificó la participación de oficiales y suboficiales adscritos a la sección de inteligencia, que ayudaron a tapar los crímenes con información mentirosa”, detalló.

Precisamente, en este último auto fueron imputados los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete, Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes estuvieron al frente de la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado n.º 2 y el Batallón de Artillería La Popa, entre 2004 y 2006.

Este patrón se perpetró durante más de un lustro sin levantar sospechas en la justicia penal militar o en los entes de control encargados de fiscalizar los recursos públicos por la ‘perfecta’ apariencia de legalidad que tenían las operaciones. Sin embargo, para el magistrado Parra, “todas las muertes reportadas como bajas en combate debían, en principio, dar lugar a investigaciones disciplinarias y penales en la jurisdicción penal militar, para verificar que estuvieran apegadas al marco regulatorio y el derecho internacional humanitario”.

Esto no ocurrió en los años álgidos del conflicto. Las investigaciones fueron archivadas de forma prematura, sin agotar las diligencias necesarias, lo que “contribuyó a un ambiente de impunidad que permitió que esta práctica criminal se replicara en varias unidades”, concluyó.

Aún falta por concluir la fase nacional de esta investigación que determinará hasta qué nivel escalan las responsabilidades. Con la información recogida hasta ahora, la magistratura apunta a que fue una ‘política de facto’ y no de Estado.

Sara Quevedo – Justicia – @JusticiaET – sarque@eltiempo.com