Elecciones judiciales en México: ¿solución a la impunidad o una amenaza a la justicia? Esto es lo que está en juego

México está por convertirse en el laboratorio de un experimento que podría redefinir -o quebrar- los límites del voto popular: las elecciones del Poder Judicial. Este domingo, 99,7 millones de personas renovarán a todos los jueces del país. Unos sufragios sin precedentes y titánicos marcados por advertencias sobre los riesgos de someter al poder judicial a las dinámicas y vicios de la política.

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Los elegidos tendrán un mandato de nueve años y podrán ser reelegidos. Pero esta será solo la primera parte, pues los restantes 4.000 jueces serán votados en 2027.

Estos comicios llevan al extremo casos similares -pero para nada equiparables- como el de Bolivia, donde se elige a los miembros de las altas cortes, o el de Estados Unidos y Suiza, donde se eligen a los jueces locales.

Las elecciones ocurren tras la aprobación de la ambiciosa y polémica reforma que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su denominada Cuarta Transformación del país, y que heredó su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La aprobación de la reforma en septiembre causó una ola de rechazo. Sin embargo, las cifras muestran que, más allá de las críticas, México enfrenta el duro reto de reformar un sistema en el que la impunidad llega al 94 %.

Según la organización Impunidad Cero, solo el 6,4 % de los delitos que se cometen llegan a denunciarse, y de esos, el 14 % llegan a una resolución. Esto quiere decir que, de cada 1,736 delitos que se cometen en el país, unos 111 se denuncian y solo uno se resuelve.

Ante este complejo panorama, la alternativa de reformar el modelo, más allá de ser recibida como un salvavidas a un sistema débil, es vista con temor ante nuevos y graves riesgos.

En primer lugar, se encuentra la politización del sistema judicial. Al respecto, una encuesta del periódico El Financiero, reveló que el 50 % de los ciudadanos cree que, con las elecciones, el poder judicial será más cercano y amigable con el gobierno.

Para Guadalupe Salmorán Villar, doctora en teoría política e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), “este nuevo modelo constituye un grave retroceso constitucional sin precedentes y facilita la captura política del Poder Judicial”.

“Contrario a lo que argumenta el oficialismo, este sistema no empodera a la ciudadanía, sino al gobierno en turno, su partido y sus aliados en sede legislativa”, le dijo a este diario.

Un ejemplo de esta politización son los llamados “acordeones” o folletos elaborados por partidos en los que se indicaba a la ciudadanía por quién votar.

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Y es que, con la vinculación de los jueces y magistrados a las dinámicas políticas, expertos advierten que los candidatos elegidos van a estar al servicio de sus electores. “Y sus verdaderos electores no serán los ciudadanos. Sus electores son los políticos de Morena que de manera marrullera y desaseada elaboraron las listas de candidatos”, denunció la abogada colombiana Carolina Botero, exdirectora de la Fundación Karisma.

La experta en la defensa de los derechos digitales advierte que el mismo proceso de filtro y selección de los candidatos fue acelerado y descuidado y que, con la enorme cantidad de candidatos y apenas 8 meses, las elecciones son “notoriamente deficientes” en relación a la calidad y accesibilidad de la información.

De hecho, la Fundación Konrad Adenauer y Parametría reveló que el 77 % de los mexicanos no conoce a ninguno de los candidatos y el 68 % no sabe distinguir entre un juez, un magistrado y un ministro.

Mientras que, Salvador Mora Velázquez, doctor en estudios latinoamericanos, explica que esta reforma es un viraje “parcial y faccioso” que busca resolver un problema que tiene múltiples factores más allá del poder judicial.

“La impunidad que hoy en día se vive en el país es un cáncer que lacera incluso previo al gobierno de López Obrador. Pero ningún presidente se atrevió a considerar que era un problema solo del poder judicial. Es un problema general de la sociedad. En ese sentido, la forma en que se ha buscado atacar es parcial, es faccioso y necesariamente el resultado va a ser desastroso para el país”, le dijo a EL TIEMPO.

En esa misma línea, la doctora Salmorán explica que este problema logístico y de abrumadora información hace “prácticamente imposible emitir un voto informado y libre”.

Incluso el mismo Instituto Nacional Electoral (INE), alertó de la falta de recursos y tiempo para organizar estos comicios, mientras que la oposición ha acusado al Gobierno de promover de manera confusa seis boletas, además de estatales en 19 estados, para favorecer a los candidatos más conocidos del oficialismo.

En segundo lugar, está el riesgo de la poca experiencia que podrían tener los candidatos. El abogado Yuri Pavón, académico de la Facultad de Derecho de la Unam, explica que eliminar la carrera judicial como requisito para el cargo atenta con “los principios fundamentales de una trayectoria que garantice la idoneidad para resolver conflictos con base en derecho, no en la popularidad o las presiones de grupos de interés”.

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Al respecto, un análisis por la revista mexicana Nexos realizado a los perfiles de los candidatos reveló que en promedio hay una diferencia de 20 años de experiencia entre los candidatos y los juzgadores que dejan sus cargos. Además, mientras que 63 % de los juzgadores salientes tiene posgrado, solo el 48 % de los candidatos lo tiene.

Y es que, los requisitos para ser candidato son: ser abogados, haber tenido calificación de ocho en su formación, contar con «buena reputación» y no haber sido condenados a prisión en el país.

Asimismo, está el riesgo de que los candidatos sean susceptibles a ser cooptados por organizaciones criminales. Según México Evalúa, en ocho de 19 entidades del país existe el riesgo de que el crimen logre imponer juzgadores.

Al respecto, la organización civil Defensorxs identificó al menos 40 candidaturas con algún grado de riesgo de vínculos con el narcotráfico.

Uno de ellos es el de Francisco Franco, candidato a juez penal en Michoacán, donde fue apodado «el fiscal del terror» y está señalado por presuntos pactos criminales y su implicación en el asesinato de periodistas.

Otro perfil alarmante es el de Leopoldo Chávez, quien estuvo casi seis años preso en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina. O el de Silvia Delgado, exabogada del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, quien aspira a jueza penal en Chihuahua.

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Por último, los analistas consultados explican que no existe una relación que demuestre que convocar a elecciones para renovar el poder judicial resolverá el problema de corrupción e impunidad en el país.

“Decir que se va a acabar la corrupción porque los jueces son electos, es como decir que en el congreso no hay corrupción porque los congresistas son electos”, ironiza Botero.

“Lo que parece que hay detrás no es la necesidad de cambiar a un cuerpo de profesionales por otro de personas más y mejor instruidas, sino reemplazar a un cuerpo de personas profesionales por otras al servicio de la clase política y de otros grupos de interés legales e ilegales”, destaca.

Al respecto, la doctora Salmorán explica que el problema radica en que la reforma busca atacar el problema de impunidad en la última etapa del proceso: la resolución de los casos. “Para enfrentarla -explica- de manera efectiva, se requiere una intervención desde la profesionalización de las policías, hasta una actuación más eficaz por parte de los ministerios públicos y fiscalías”.

Mientras que, más allá de los riesgos a nivel nacional, también se encuentra el riesgo del desprestigio internacional. 

En ese sentido, el doctor Joel Peña, académico de la Unam, advierte que, “si la reforma judicial genera dudas en cuanto a la imparcialidad o profesionalización del Poder Judicial, podrían surgir cuestionamientos desde algunos foros internacionales o mecanismos de evaluación, especialmente en temas vinculados a derechos humanos, comercio e inversión”.

Pero matiza que la reacción dependerá de la “calidad de las decisiones judiciales bajo este modelo” y “de la disposición del Estado para introducir ajustes”.

Ante esta serie de riesgos, ha surgido la duda dentro de la ciudadanía si incluso salir a votar sería avalar la iniciativa impulsada por el gobierno, o si, con la reforma ya instaurada y en marcha, es mejor plasmar el voto en aras de buscar al mejor candidato posible.

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Al respecto, una encuesta realizada por Enkoll revela que solo un 38 % de las personas asegura que irá a las urnas, mientras que otras encuestas pronostican una participación entre el 16 y el 23 %.

En este panorama, la cantidad de personas que salgan a las urnas será también un termómetro de aprobación a la iniciativa heredada por la presidenta Sheinbaum. De hecho, la encuesta revela que el 62 % no dará por representativos los resultados si no se alcanza un 60 % de participación; es decir, tanta como la de las presidenciales, un umbral muy difícil de alcanzar.

Mientras que, voces más mesuradas argumentan que la reforma es un paso en la búsqueda de un cambio en un sistema fallido. El doctor Héctor Zamitiz Gamboa explica que las críticas no han permitido que se discutiera más a fondo sobre las “potenciales bondades que pueden traer la reforma”.

“Lo que está en debate es el cambio de un poder judicial, que más allá de que sea un capricho o estar en contra, es un poder que sí tiene una historia de corrupción. Entonces, la apuesta del gobierno que no se ha sustentado muy claramente es ‘les voy a ofrecer un poder judicial nuevo’ ”, explica.

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Sean cuales sean las posturas a favor o en contra, lo cierto es que este domingo se renovarán los cargos judiciales de todo el país. Los analistas consultados advierten que será tarea de la ciudadanía y de los entes de control observar con lupa el perfil de quienes asuman los cargos, seguir sus pasos en los procesos que conduzcan y evaluar si representan un giro hacia una justicia más firme y transparente, o si, por el contrario, son un desvío que aleja al país de ese destino, dejándolo atrapado en una espiral de impunidad de la que costará, más que antes, salir.