Embarazo adolescente en menores de 14 años aumentó en Bogotá tras una década en descenso: ¿cuáles son las razones?

Cada año, cerca de un millón y medio de adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz en América Latina, y el 67 por ciento de esos embarazos no son planificados. Esas jóvenes enfrentan miedo, ven su futuro truncado y asumen (tanto física como económicamente) las consecuencias de una situación que no pudieron prevenir porque, en muchos casos, no contaban con las herramientas necesarias. Bogotá no es la excepción: el año pasado, 4.528 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años vivieron esta experiencia.

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Esa problemática ya fue denunciada en el Concejo de Bogotá. “Es preocupante por lo que están pasando muchos adolescentes. Las niñas llevan la peor parte, están en riesgo de abandonar sus estudios, de sufrir complicaciones de salud, incluso se les dificulta experimentar una mejor calidad de vida”, indicó la concejal Diana Diago.

Mientras tanto, los embarazos en mujeres de 15 a 19 años siguen su tendencia a la baja, pasaron de 57,6 por cada 1.000 habitantes en 2012 a 21,1 en 2023. El año pasado, la tasa estuvo en 17,9 y se registraron 4.356 casos, esto es 776 menos que el año anterior. Sin embargo, se ha desacelerado esa reducción.

Es decir, entre 2022 y 2023 la tasa apenas bajó poco más de un punto (pasó de 22,8 a 21,1 por cada 1.000 habitantes), mientras que en los cinco años anteriores la diferencia había sido, en promedio, de 3,6 puntos menos entre año y año.

Según el informe ‘El precio de la desigualdad’ sobre las consecuencias económicas del embarazo adolescente en Latinoamérica, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), entre 2020 y 2024 se constató una desaceleración en la reducción de la tasa específica de fecundidad adolescente (disminución de alrededor del 8 por ciento para ambos grupos de edad) respecto al quinquenio previo (reducción del 18 por ciento).

“La influencia de algunos mensajes en redes sociales que hablan de la exploración sexual sin ningún tipo de protección, a los que los niños están tan expuestos y cuya exposición aumentó durante el confinamiento, puede cambiar los sistemas de creencias de los menores. No solamente se evidencia un riesgo frente a un embarazo, también frente a contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual”, dice Escobar.

Sin embargo, Ángela Vega Landaeta, Ph. D. en Demografía, profesora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, explica que el embarazo adolescente es multicausal: “Ahí tienen que ver los entornos sociales, económicos y culturales que generan desigualdades en el acceso y uso de métodos anticonceptivos”.

Los casos de menores de 14 años son los más preocupantes. Al respecto, Vega señala que, para esta población, se puede estar presentando un aumento en los abusos sexuales: “Quiere decir que hay un factor delictivo relevante”.

Según estadísticas del Siedco de la Policía Nacional, el año pasado se presentaron en Bogotá 9.107 casos de delitos sexuales, más de la mitad de ellos (4.665) fueron contra menores de 14 años. Esto corresponde a un aumento del 34,3 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2023.

“Es importante revisar cuántas denuncias cursan sobre actos sexuales abusivos en menor de 14 años. Pero no es lo único, también hay que considerar las medidas que está implementando el Distrito en materia de educación sexual para prevenir estos hechos”, señala la concejal Heidy Sánchez. Dice que ambos aspectos están ligados porque en esa educación sexual integral las niñas aprenden a que pueden decir ‘no’ y a decidir sobre sus cuerpos.

De acuerdo con Unfpa, “las adolescentes más pobres, de menor nivel educativo, que pertenecen a grupos indígenas y afrodescendientes presentan mayor porcentaje de embarazos”. Esto se refleja en Bogotá. El año pasado, las localidades que presentaron más alertas sobre maternidades y paternidades tempranas (de 10 a 19 años), de acuerdo con los reportes del Sistema de Alertas de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación, fueron Ciudad Bolívar (158 casos), Bosa (95), Kennedy (90) y Usme (80).

Esas cuatro localidades superan el promedio de pobreza monetaria de la ciudad (35 por ciento), según la más reciente ‘Encuesta multipropósito’ del Dane. Este indicador mide la proporción de hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas. Usme es la localidad con mayor nivel en ese índice, allí más del 57,8 por ciento de la población vive en pobreza monetaria; le sigue Ciudad Bolívar (57,3 por ciento), Bosa (53 por ciento) y Kennedy (37 por ciento). Justamente, estas localidades fueron priorizadas el año pasado en un plan de la Secretaría de Educación para buscar a menores desescolarizados debido al alto índice de deserción escolar en ellas.

Por otro lado, las consecuencias en materia de salud también terminan influyendo en aspectos económicos. 

“El embarazo adolescente genera un alto riesgo de mortalidad materna, pues sus cuerpos no están preparados biológicamente para ello. Pero, además, ocasiona que pongan en pausa sus procesos educativos, de desarrollo social, de trabajo. Generalmente, si vienen de entornos económicos precarios, van a replicar el esquema de pobreza en sus nuevos hogares”, apunta Vega. 

De acuerdo con Unfpa, las madres adultas tienen tres veces más probabilidades de completar sus estudios universitarios y, al ingresar al mercado laboral, sus ingresos pueden ser hasta tres veces más altos que los de las madres adolescentes.

Colombia es el tercer país de la región con mayores gastos debido al embarazo adolescente, con un costo anual de 2.549 millones de dólares, esto es 10,6 billones de pesos. Lo anterior incluye costos para el Estado por atención en salud e ingresos fiscales no percibidos.

Según Susana Sottoli, directora regional del Unfpa, prevenir el embarazo adolescente es una inversión rentable y un imperativo ético. Por cada dólar invertido, el retorno puede ser de 40 dólares.

“Cuando necesité un consejo, no lo encontré. Veía cosas de cómo cuidarme, pero no sabía bien de ellas. Creo que habría podido terminar el bachillerato y, tal vez, ya estaría estudiando una carrera. No lo descarto. Ahora soy consciente de que hubiera podido prevenir el embarazo, pero en esos momentos no”, cuenta una joven bogotana que quedó embarazada a sus 16 años.

Al respecto, Escobar señala que en los colegios debe haber un plan de educación sexual integral. “Esta trasciende más allá de transmitir información frente a métodos de planificación o conductas de protección; tiene que romper con esquemas que aún generan tabú sobre las relaciones sexuales”, indica la psicóloga.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en Bogotá existen cinco líneas de acción para reducir el embarazo adolescente. La primera se enfoca en intervenir a los ciudadanos en entornos cotidianos, como parques o plazas, para “promover el respeto por los límites y el consentimiento en las relaciones”. En ese sentido, la segunda línea busca ofrecer educación integral en sexualidad a lo largo de la vida.

Escobar agrega que, si bien se cree que se ha avanzado en la desmitificación de la sexualidad, sobre todo en entornos urbanos como Bogotá, todavía falta camino por recorrer. 

“Si como sociedad no nos decidimos por romper esa censura al hablar de sexualidad en los colegios y en las casas, los adolescentes no encontrarán redes de apoyo. Además, no todas las jóvenes pueden acceder libremente a los métodos anticonceptivos en el sistema de salud. A muchas, en la práctica, les piden el acompañamiento de un adulto”.

Al respecto, la Secretaría de Salud indica que otra de las acciones se centra en hacer acompañamiento técnico a las IPS. “Brindamos orientación para que los servicios prestados a los adolescentes sean accesibles y confidenciales, y que se haga énfasis en métodos anticonceptivos de larga duración. Este acompañamiento incluye revisión en el suministro y solución de barreras de acceso”.

Finalmente, la Secretaría de Salud señala que se han implementando políticas para garantizar el acceso equitativo a los derechos sexuales y se trabaja con el ICBF y las secretarías de la Mujer, de Educación y de Integración Social para fortalecer las acciones. 

Ese aspecto es uno de los más importantes. De acuerdo con un estudio de Profamilia, las mujeres sin educación formal siguen rezagadas en el uso de cualquier método anticonceptivo en comparación con quienes sí han tenido acceso a ella.

Unfpa recomienda, entre otras cosas, crear leyes que prohíban el matrimonio infantil; un paso que el país acaba de dar. Otro consejo es asegurar el acceso a educación integral sobre sexualidad, tema sobre el que se ha avanzado, pero aún hay polémicas en el Distrito.

Paula Valentina Rodríguez

Redacción EL TIEMPO

paurod@eltiempo.com