En el sexto consejo de ministros televisado en la noche del 7 de abril, el presidente Gustavo Petro reveló la investigación que adelanta la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada contra empresas de seguridad sin control y armas de fuego en poder de organizaciones criminales.
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Capturados exoficiales de la Policía por ‘carnetizar’ como escoltas a miembros del Clan del Golfo Foto:Archivo Particular
Las autoridades también decomisaron más de 100 armas de fuego, incluyendo pistolas, revólveres y escopetas, además de cartuchos, celulares y memorias USB. Entre los beneficiarios del suministro ilegal de armamento figuran alias El Caballista y alias Pájaro, vinculados a la fuga del narcotraficante ‘Matamba’, así como alias Terror, recientemente dado de baja por la Policía.
El Gobierno nacional le puso la lupa a empresas que, presuntamente, funcionaban como fachadas para el lavado de activos y el suministro ilícito de armamento, facilitando permisos de escolta a personas con antecedentes judiciales.
Por ahora, la Fiscalía ha imputado a los capturados delitos como concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
“En esa búsqueda se encontró que en los sistemas de información de la Supervigilancia hay reportadas e identificadas 40.692 armas particulares con licencia oficial, revisando las empresas inactivas y lo que ha aprobado la Superintendencia desde 1993”, dijo.
Presidente Gutavo Petro. Foto:Cortesía
En paralelo, se identificó que 197 empresas de vigilancia y seguridad tienen licencias vigentes, pero figuran como inactivas en los sistemas oficiales, lo que las deja fuera del control del Estado.
En esta línea, el mandatario aseguró que en 2024, 16 licencias fueron canceladas por trámites irregulares, algunos de ellos con participación de funcionarios del actual gobierno, quienes fueron removidos e investigados.
El control a la Supervigilancia
En entrevista con EL TIEMPO, Juan Carlos Medina, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada, insistió en que las investigaciones deben realizarse con rigor y también dentro de la entidad.
“Es necesaria una modernización de la Supervigilancia para tener más herramientas que permitan supervisar el sector”, dijo Medina.
Asimismo, el Brigadier General (r) Juan Carlos Buitrago Arias señaló, en una columna publicada en este diario, que el negocio de la vigilancia privada en Colombia emplea a 400.000 personas en 10.000 empresas registradas y se estima que puede existir un número similar en la informalidad.
“La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada necesita revisarse, prescindir de funcionarios corruptos, investigar sus patrimonios, automatizar servicios, agilizar trámites y garantizar transparencia”, sentenció.
Juan Diego Torres
Dielas@eltiempo.com
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