Desde el 1 de julio de 2023, Florida aplica una de las legislaciones migratorias más severas del país: la SB 1718. Impulsada por el gobernador Ron DeSantis, esta ley afecta de forma directa a inmigrantes indocumentados, empleadores, profesionales de la salud y gobiernos locales.
De acuerdo con Florida Policy, el objetivo declarado es restringir beneficios y reforzar controles, pero su implementación ya provocó confusión y temor en comunidades enteras.
Restricciones a trabajadores y nuevas sanciones para empleadores
Si un empleado proporciona información falsa para obtener un trabajo, enfrenta cargos por delito grave. A su vez, las empresas con más de 25 empleados están obligadas a usar el sistema federal E-Verify para validar el estatus migratorio de los nuevos trabajadores.
El incumplimiento reiterado puede derivar en fuertes multas y la suspensión de licencias comerciales. Otra parte crítica de la ley es la criminalización del transporte de personas indocumentadas al estado.
Si se traslada a alguien que no tiene documentación legal hacia Florida —a sabiendas o por negligencia—, se incurre en un delito grave. La sanción puede alcanzar los 10 años de prisión, dependiendo del número de personas transportadas o si son menores.
El gobernador de Florida aprobó la disposición Foto:iStock/Getty Images
La SB 1718 también invalida las licencias de conducir emitidas a inmigrantes indocumentados por hasta 19 estados. Aunque algunos estados no se verán afectados por esta medida, la policía de Florida tiene la facultad de multar e incluso reportar a quienes circulen con licencias no reconocidas.
Por último, los gobiernos locales ya no pueden financiar programas de identificación comunitaria, aunque siguen siendo legales si se costean con fondos privados.