Luego de que el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, emitiera el Decreto 552, por medio del cual se anticipa el cobro de la retención en la fuente del impuesto de renta de las empresas del 2026 a este año, la respuesta de diferentes sectores no se ha hecho esperar.
El caso más reciente es el del sector salud, el cual ya pasa por una situación delicada por cuenta de dificultades de liquidez en el sector prestador de servicios de salud. Por medio de una carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, aseguró que a estas entidades no les es posible cumplir con dicho adelanto del impuesto de recta.
“El decreto 572 de 2025 recientemente expedido, al margen de los recaudos que se pretendan obtener, debe tener en cuenta que las IPS no tienen el flujo de caja ni la liquidez suficiente que les permita cumplir con el pago anticipado de las retenciones y del impuesto de renta ni el incremento en tarifa alguna”, se lee en la comunicación.
Y añade: “Consideramos señor Ministro que, en momentos de estrechez económica, un sector como el de salud con instituciones prestadoras de servicios que se esfuerzan por mantener su operación, resulta por decir lo menos inoportuno e inequitativo que se les equipare a otros sectores o empresas productivas del país”.
El polémico decreto 552 que adelanta el cobro de la retención en la fuente
El decreto pretende que el cobro de la retención en la fuente del impuesto de renta de 2026 sea anticipado para pagarse desde este año, una medida que, de acuerdo con el Gobierno, busca “facilitar, acelerar y garantizar el recaudo del impuesto sobre la renta”, según se lee en el documento.
Sin embargo, desde el momento en que fue dado a conocer, el decreto recibió todo tipo de críticas y cuestionamientos, debido a que, si bien adelantar el cobro podría de alguna forma cuadrar la caja del Estado para este año elevando el recaudo, se estaría abriendo un hueco fiscal para el año 2026 (dado que la retención ya no se haría para dicha vigencia fiscal).
Una de las voces más críticas con la medida hasta el momento es la de Bruce Mac Master, presidente de la Andi: “Las empresas pagarán impuestos en 2025 que serán muy superiores a los que permite la normatividad vigente. El Gobierno se gastará en 2025 los recursos que están previstos para el 2026. Se desfinanciará ese año y se obligará a las empresas a endeudarse. Este cambio en las reglas le hace daño a la actividad económica y la inversión”.
Así lo dijo la asociación que agrupa a los principales gremios del país hace unos días, cuando aún no se había oficializado el decreto: “La medida afecta directamente el consumo, el ahorro y la inversión, pilares fundamentales para el crecimiento y la formalización de la economía. En la práctica, se trata de una reforma tributaria encubierta que traslada la carga a quienes cumplen, producen y generan ingresos”.
Por su parte, Luis Eduardo Llinás, director de la Dian, le había explicado a este medio hace unas semanas que las mayores retenciones en la fuente en el 2025 se traducirían en menos saldos a pagar y anticipos de cara al 2026.
“Esperamos un recaudo total de 7,38 billones de pesos. Solo se incrementan para aquellas actividades económicas cuyas retenciones en la fuente aún son inferiores a su impuesto a cargo. Estas se identificaron a partir del uso de analítica de datos sobre información de renta y retenciones del año 2023 y 2024”, aseguró.
Para el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, se trata de una reforma tributaria encubierta que adelanta ingresos a costa del flujo de caja de las empresas. “Exprime su liquidez, las obliga a endeudarse y pone en riesgo el empleo. ¡Jineteando el dinero del 2026 y endeudando al micro y pequeño empresario hoy”, sentenció.
MATEO CHACÓN ORDUZ | Subeditor Vida