'Implementación de decretos de conmoción interior ha sido precaria': Defensora del Pueblo sobre crisis en Catatumbo

A escasos días de cumplirse el primer periodo de la conmoción interior en el Catatumbo, la región atraviesa una nueva ola de hostilidades. La población civil, una vez más, ha quedado en medio de los enfrentamientos legítimos entre el Ejército, el Eln y el ‘Frente 33’, así como de los combates criminales entre ambos grupos ilegales, enfrascados en una nueva disputa por el control territorial tras el fortalecimiento de las disidencias.

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No contamos con información precisa que permita contrastar cuántas personas se desplazaron en las primeras semanas, cuántas retornaron, cuántas se volvieron a desplazar, y si quienes están saliendo ahora son las mismas. Sin embargo, es presumible que sí, porque lo que estamos observando es que los retornos que se dieron no han sido acompañados, como lo exige un proceso de retorno digno, que garantice condiciones mínimas de seguridad. Y claramente, en este momento, el Catatumbo no ofrece condiciones sostenibles; la seguridad es muy frágil. Lo que ha ocurrido son más bien retornos voluntarios no acompañados, sin que se cumplan condiciones estrictas de seguridad ni de sostenibilidad para las familias. Han sido decisiones personales de quienes, ante la incomodidad de permanecer desplazados en albergues o en casas de familiares, optan por volver cuando perciben una leve mejoría en las condiciones de seguridad. Sin embargo, es previsible que los enfrentamientos continúen. Por un lado, porque la Fuerza Pública está actuando, y por otro, porque las disidencias del Frente 33, desde hace un par de semanas, están en una etapa de reacomodamiento y han empezado a retomar —o al menos disputar— el control territorial con el Eln.

Sí, efectivamente, tras la masacre y las acciones del Eln en enero, las disidencias del Frente 33 quedaron totalmente reducidas. Hubo múltiples desmovilizaciones y muchos combatientes huyeron, pero en las últimas semanas hemos recibido información de que habrían enviado refuerzos desde el sur del país o desde otras zonas para fortalecerse. En varios comunicados, incluso desde enero y febrero, el Frente 33 había anunciado que tomaría acciones, y lo que estamos viendo ahora es su reingreso al territorio para disputar el terreno que perdieron frente al Eln.

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Tenemos que reconocer, todas las autoridades públicas, que la situación en el Catatumbo no es estable. No se han logrado controlar las condiciones de seguridad que están generando estos graves riesgos humanitarios para la población. Ese es el diagnóstico real. Hemos escuchado declaraciones públicas —incluso del Presidente de la República— asegurando que ya comenzaron los retornos y que todo está mejorando. Nos encantaría que fuera así, pero la realidad en terreno demuestra lo contrario. Y es clave reconocerlo, porque solo a partir de ese reconocimiento podremos actuar de forma adecuada y proporcional a las circunstancias. Lo primero, entonces, es asumir la gravedad del momento: la situación persiste, sigue siendo crítica y, además, es evolutiva. Lo segundo es preparar toda la capacidad institucional vinculada a la Ley de Víctimas y al sistema de restitución de tierras, para atender no solo las victimizaciones ya ocurridas, sino también las que puedan presentarse por nuevos desplazamientos forzados, provocados por la continuidad de los combates entre grupos armados ilegales o entre estos y la Fuerza Pública. En ese contexto, es urgente actualizar los planes de contingencia y prevención en los municipios, y disponer operativos de atención que garanticen protección y acompañamiento a las comunidades que enfrentan esta difícil situación.

El Derecho Internacional Humanitario permite el uso de la fuerza, y la Constitución también faculta a la Fuerza Pública para ello. Existen diferentes mecanismos y tipos de armamento que no están prohibidos y que pueden emplearse en el desarrollo de las hostilidades. Sin embargo, lo fundamental es que estas operaciones militares se adelanten extremando los controles para prevenir daños a la población civil. Es decir, que los ataques dirigidos a lugares donde se concentran grupos armados se ejecuten de manera controlada, garantizando que no se afecten bienes ni personas ajenas al conflicto.

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Redacción Justicia