Una menor indígena terminó hospitalizada en Pereira (Risaralda) luego de ser víctima de una brutal golpiza a manos de dos hombres de su propia comunidad. El hecho, registrado en un video que se viralizó esta semana, ha generado rechazo nacional y reavivó el debate sobre los límites de la justicia indígena en Colombia.
Menor fue amarrada y golpeada en resguardo indígena en Risaralda. Foto:Archivo Particular
Al final, la misma mujer que al principio le cubrió las piernas regresa, le quita las cuerdas y la menor cae al piso. Luego es arrastrada fuera de la habitación. También aparecen un niño y un adulto mayor, que recoge objetos del suelo. El video termina con la imagen de esa vivienda rural, aparentemente ubicada en el territorio del resguardo Gito Dokabu, Risaralda.
Menor fue amarrada y golpeada en resguardo indígena en Risaralda. Foto:Archivo Particular
Gobernación de Risaralda prepara denuncia
Tras conocerse los hechos, las autoridades actuaron con rapidez. Según informó Litza Fernanda Roldán, directora operativa de Salud Pública de Risaralda, la situación fue reportada por la procuradora regional Nohora Lozada.
El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, expresó su rechazo: “No se pueden escudar en tradiciones ancestrales que van en contravía del derecho internacional”. También anunció una denuncia penal contra los responsables.
Gobernación de Risaralda denunciará a los señalados agresores. Foto:Archivo Particular
¿A qué se enfrentan los señalados agresores?
El debate no es menor. ¿Puede este caso ser juzgado por la justicia ordinaria, o se enmarca en el fuero especial indígena reconocido en la Constitución?
“El hecho podría constituir tortura, una grave violación de derechos humanos, más aún tratándose de una menor”, dijo Francisco Bernate, abogado penalista. Fabio Humar fue más directo: “La justicia indígena no puede ser un manto de impunidad. La penal ordinaria debe actuar”.
En casos donde están en juego derechos fundamentales, especialmente de menores, puede y debe intervenir la justicia ordinaria. Y no basta con que los hechos hayan ocurrido en territorio indígena; también se debe verificar que la comunidad esté organizada y que haya un procedimiento justo.
Comunidad Emberá. Foto:Néstor Gómez/ El Tiempo
Laura Bonilla, de la organización Pares, recordó que si no se trata de una comunidad estructurada con autoridades claras, la justicia ordinaria puede actuar. “No es tan probable que puedan juzgarse ellos mismos. Además, lo fundamental es proteger a la menor y garantizar su bienestar”, señaló.
La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas también rechazó los hechos: “Este acto constituye una grave vulneración de los derechos humanos, físicos, psicológicos y espirituales de la menor. Ninguna tradición cultural puede justificar la violencia, especialmente contra mujeres y niñas”.
Según esta organización, la llamada Ley de Origen y el Derecho Mayor no amparan actos de maltrato. “La Corte Constitucional ha establecido que la autonomía indígena no es incompatible con el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia”, agregaron.
Denunciarán a señalados agresores. Foto:X @SenCervantes/ iStock
Por su parte, el representante a la Cámara Óscar Villamizar recordó que el 7 de noviembre de 2024 radicó un debate de control político al ICBF por maltratos en comunidades Emberá, que aún no ha tenido respuesta. “¿Dónde está el Gobierno? ¿Dónde está el ICBF? Este caso enciende aún más las alarmas”, expresó.
#NoEsHoraDeCallar
Si su vida está en riesgo, puede llamar al 123, la línea de emergencias en Colombia. También si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.
Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.
Juan Diego Torres
Dielas@eltiempo.com