La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa resolviendo la situación jurídica de los más de 9.000 comparecientes que fueron descartados como máximos responsables de los graves crímenes que investiga. En el caso de la Fuerza Pública, el tribunal ha renunciado a la persecución penal (cerrado los procesos) de 148 de sus miembros que reconocieron su participación en ‘falsos positivos’ y se comprometieron a reparar a las víctimas para blanquear sus deudas con la justicia.
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Entrega digna de cinco víctimas de ‘falsos positivos’ entregados por la JEP y la Unidad de Búsqueda Foto:JEP
Los comparecientes cumplieron con una serie de requisitos para quedar a paz y salvo. Entre estos, aportar a la verdad y hacer un ‘mea culpa’ cara a cara con las víctimas. En audiencias llevadas a cabo en agosto y octubre de 2024, y en marzo de 2025, las familias de los jóvenes asesinados, algunas pertenecientes al colectivo Mafapo, pudieron hacer preguntas a los comparecientes, conocer el porqué de los crímenes y limpiar su nombre, ya que fueron presentados como guerrilleros.
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«A juicio de los magistrados que integran la Subsala Catatumbo, los aportes de verdad presentados por los comparecientes permitieron reconstruir lo ocurrido a estas víctimas con un nivel de detalle que supera lo establecido por la justicia ordinaria, al punto de establecer que, en el caso del asesinato y desaparición forzada de Fair Leonardo Porras Bernal, también se configuró el crimen de guerra de tratos crueles, inhumanos y degradantes», aseguró la JEP.
En la JEP, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales han protestadO. Foto:César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO
Finalmente, todos los comparecientes ofrecieron garantías de no repetición y compromisos de no repetición.
La Subsala determinó que los renunciados penalmente no podrán volver a ponerse el uniforme. Además, que los incentivos, felicitaciones y reconocimientos que les otorgaron por estos hechos les sean revocados.
Las amnistías de los exFarc
En el caso de las amnistías a los antiguos miembros de las Farc-EP —el proceso mediante el cual las bases guerrilleras saldan sus cuentas con la justicia, así como algunos máximos responsables por ciertos delitos— la JEP ha concedido 827. Sin embargo, 4.238 han sido negadas.
El más reciente ‘no’ fue a la solicitud de Rolando Albeiro Acevedo Muñoz, excomandante del Frente Urbano Jacobo Arenas, por su participación en el atentado con carro bomba del 7 de junio de 2004 en el parqueadero de la iglesia María Auxiliadora, en Medellín.
La magistratura concluyó que los hechos en los que participó constituyen un crimen de guerra, específicamente por la destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y lugares de culto, así como por ataques intencionales contra la población civil.

Federico Gutiérrez demandará al Gobierno Foto:
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia