Luego de conocerse las denuncias por supuesto abuso de poder y presiones indebidas por parte de Beatriz Gómez Consuegra, Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para la firma de un multimillonario contrato en el Hospital San Rafael de Leticia, en Amazonas, la exagente interventora de la entidad hospitalaria, Lina Baracaldo, habló con EL TIEMPO y explicó las razones por las que no habría firmado el contrato, lo cual, asegura, le costó su cargo.
Baracaldo, quien hasta el 1 de abril del 2025 ejerció como agente interventora del hospital, aseguró que desde que fue nombrada en el cargo, sabía que desde el Gobierno se quería firmar cuanto antes la construcción de un buque hospital, operado por la entidad médica: “Yo tenía claro que el proyecto era del nivel nacional y que tenía una importancia mayor que cualquier otro. Por eso, inicialmente me pareció completamente normal que el Ministerio y el superintendente (de salud) hicieran control. El problema es cuando funcionarios empezaron a hacer juicios presionando con relación a las decisiones que yo pudiese tomar, porque había una importancia a nivel nacional, pero no desde el punto de vista propiamente técnico”.
Se refiere, entre otras, a la sonada conversación con la superintendente Gómez Consuegra, cuya grabación fue revelada por el periodista Daniel Coronell, y en la cual se estaría presionando a la entonces interventora a firmar el contrato, o de lo contrario, presentar su renuncia.
Este tipo de presiones, asegura, vendrían desde meses antes y por parte de diferentes funcionarios: “En una oportunidad el superintendente nacional, delante de todos los superintendentes de las entidades intervenidas, me manifestó que si no era capaz de firmar, entonces debía hacerme un lado, que la instrucción era que sí o sí debía suscribirse el contrato”.
Así lo explicó: “Había un tema muy complejo y era el presupuesto. Para nadie es un secreto la situación financiera del Estado y la desfinanciación del Presupuesto General de la Nación. Esa fue una de las mayores señales de alarma, porque a la fecha los $ 55.000 millones adjudicados para el proyecto no han sido consignados al hospital. Y encima el valor del proyecto se incrementó 18.000 millones de pesos más. ¿Quién va a responder por ese dinero?”
Y agregó: “Si a eso se añade que se trata de una entidad intervenida que no puede sostener un proyecto de esa envergadura, más preocupación genera”.
Los $ 55.000 millones iniciales se destinarían a la construcción del buque, $ 6.000 más a su dotación, mientras que $ 12.000 millones a su traspaso desde Cartagena hasta Leticia por el mar Caribe, entrando de manera fluvial desde Manaos, Brasil.
Beatriz Gómez Consuegra Foto:Archivo particular
Señaló que también veía con preocupación la idoneidad del proyecto. Y es que, aunque es cierto que al no haber grandes vías terrestres en la región y que dicha alternativa podría llevar salud a regiones apartadas, se estimaba que esta gran inversión beneficiará solo al 10 por ciento de la población del departamento, mientras que las 11 sedes del Hospital San Rafael, que atienden al resto de la población, se encuentran en condiciones precarias.
La respuesta del Gobierno
EL TIEMPO consultó con el Gobierno sobre la supuesta presión de la esposa del ministro Jaramillo para que se firmase el contrato. Ante ello, el Ministerio de Salud señaló: “La Dra. Beatriz Gómez Consuegra actuó en el marco de sus funciones legales y constitucionales, en defensa del interés general y con el objetivo de proteger los recursos públicos y garantizar la prestación efectiva de servicios de salud”.
Y agregó que “la solicitud de firma del convenio realizada por la doctora Gómez respondió a una actuación legítima, sustentada en sus competencias como delegada de la Superintendencia Nacional de Salud. Su exigencia representó el ejercicio responsable de su deber de vigilancia y control, frente a una situación de inacción administrativa que ponía en riesgo recursos públicos ya asignados para proyectos de alto impacto social”.
También aseguró que la funcionaria “estaba facultada para exigir avances en procesos contractuales con empresas de naturaleza pública. Su actuación buscó evitar que la demora injustificada afectara derechos fundamentales como la salud y la vida de poblaciones vulnerables”.
Pese a ello, voces como la del ex superintendente de Salud Fabio Aristizábal piensan lo contrario, ya que en la grabación se escucha claramente a Gómez exigir la firma del contrato, por lo que estaría dando órdenes a la agente interventora.
Y es que, por ley, los agentes interventores son auxiliares de la justicia, que de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que rige esta figura, funcionan de manera independiente “y, por tanto, para ningún efecto podrán reputarse trabajadores o empleados”, según el numeral 6 del artículo 295, por lo que, al no estar subordinados, no reciben órdenes.
Así las cosas, Aristizabal advierte: “Aquí hay una extralimitación de funciones absurda y una coadministración, en donde hace responsable al Estado y al gobierno de las decisiones que están tomando los auxiliares de la justicia que deberían ser autónomos e independientes”.
Y añadió: “Una cosa es que a un interventor rinda informes y sea vigilado, así como que se le exija resultados, y otra es que deba responder a órdenes del Ejecutivo”.
MATEO CHACÓN ORDUZ
Subeditor Vida