Las lecciones del racionamiento de agua en Bogotá: una llamada de atención para el futuro

Este 11 de abril se cumple un año desde que Bogotá comenzó a aplicar medidas de racionamiento en el servicio de agua potable, como respuesta a los niveles críticamente bajos de los embalses que abastecen a la capital. Hoy, con una leve recuperación en el régimen de lluvias y un incremento parcial en los niveles de los embalses, se empieza a hablar del posible fin de esta emergencia. Sin embargo, más allá de la coyuntura o las decisiones, esta situación deja lecciones profundas sobre la gestión del agua en la ciudad, la planificación frente al cambio climático y la responsabilidad ciudadana.

Juan Saldarriaga, profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes y director del Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados, recuerda que esta no es la primera vez que Bogotá atraviesa una crisis hídrica severa. En 1998, durante la alcaldía de Antanas Mockus, un derrumbe en los túneles del sistema Chingaza obligó a un racionamiento que duró un año y llevó a la ciudad al borde de una emergencia sanitaria. Sin embargo, ese episodio marcó un antes y un después en la cultura del consumo de agua.

“Lo primero que aprendimos entonces fue que la educación funciona. Hubo una campaña pedagógica masiva, bien estructurada y con un fuerte componente de comunicación ciudadana. Y los bogotanos respondimos: el consumo bajó significativamente”, afirma Saldarriaga.

Ese cambio cultural se tradujo en una legislación que impulsó el uso de dispositivos de bajo consumo de agua en hogares y construcciones nuevas. La demanda nunca volvió a los niveles previos. Según el experto, “la ciudad se convirtió en una sociedad más consciente, y eso ha sido clave para evitar emergencias mayores durante las décadas siguientes”.

A pesar de estos avances, la emergencia de 2024 puso en evidencia fallas estructurales en la gestión del recurso. Para Saldarriaga, el racionamiento debió haberse implementado mucho antes. “Ya en 2023 era evidente la tendencia de descenso en los niveles de los embalses. Las autoridades tenían esa información, pero no actuaron a tiempo. Se permitió que el sistema llegara a niveles peligrosamente bajos, al borde del llamado ‘Día Cero’, cuando simplemente ya no hay agua que distribuir”, advierte.

Saldarriaga también explicó que el éxito del cambio cultural post-1998 es una ganancia del presente. “Los bogotanos ya consumimos poca agua. Las nuevas edificaciones utilizan dispositivos eficientes, y la conciencia ciudadana es mayor. Por eso, ahorrar más en medio de una emergencia como la de 2024 es mucho más difícil”. Esta realidad hace evidente la necesidad de acciones estructurales que vayan más allá del esfuerzo individual.

La tercera gran lección es que el sistema de abastecimiento de agua de Bogotá no es resiliente. No está preparado para enfrentar crisis como el cambio climático, ni eventos naturales como terremotos que puedan afectar túneles o redes principales. “Es urgente desarrollar proyectos como Chingaza II para aumentar la capacidad y la resiliencia del sistema. Esto no significa promover un mayor consumo, sino garantizar el abastecimiento frente a futuros riesgos”, concluye Saldarriaga.

Andrea Devis-Morales, profesora del Programa Ciencias del Sistema Tierra en la Universidad del Rosario, coincide en que esta no es la primera crisis hídrica que enfrenta Bogotá. En 1984, otra sequía severa y problemas en la infraestructura también llevaron al racionamiento. Pero hoy, 40 años después, el contexto es más complejo: el crecimiento urbano desordenado y los efectos del cambio climático han agudizado la vulnerabilidad del sistema.

“El sistema Chingaza ha mostrado una disminución progresiva en sus niveles máximos de llenado en los últimos años. Desde 2021, el embalse Chuza no alcanza el 100 %, y en 2023 apenas llegó al 61 % de su capacidad. Esta tendencia debió haber sido leída por las autoridades como una señal de alerta, pero el problema pasó de una administración a otra sin que se tomaran medidas estructurales”, denuncia Devis.

A esta situación se suma un dato preocupante: el desperdicio estructural de agua. Devis advierte que, según la Empresa de Acueducto de Bogotá, más del 36 % del agua se pierde en el sistema. En zonas como Soacha, se desperdicia hasta uno de cada dos litros. Este es un problema conocido por las autoridades, pero que no ha sido atendido con la urgencia requerida.

“Las ciudades deben ser sostenibles y resilientes. Debemos dejar de ver el agua como un recurso ilimitado. Se necesitan planes concretos y de largo plazo: recuperar redes para evitar fugas, sancionar el desperdicio en el sector no residencial, y fomentar el uso de aguas lluvias y grises. No se trata de si puedo pagar el agua o no; se trata de responsabilidad colectiva”, afirma Devis.

Ambos expertos coinciden en que el manejo del recurso hídrico en Bogotá debe ser repensado. Sin una estrategia integral que incluya prevención, infraestructura resiliente, educación y control del desperdicio, lo que se repetirá son ciclos de emergencia que afectan la calidad de vida y limitan el desarrollo social y económico de la capital.

El racionamiento de agua en Bogotá durante 2024 dejó una huella profunda no solo en los hogares, sino también en la conciencia colectiva. Más allá de las incomodidades, la experiencia evidenció de forma contundente la fragilidad del sistema hídrico que abastece a la capital y su región metropolitana. El país se enfrentó a una realidad ineludible: el agua no es infinita y su gestión no puede seguir postergándose.

Para Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional (CAR), la principal enseñanza es clara: somos la primera generación que sufre los efectos del cambio climático y, al mismo tiempo, la última que puede hacer algo para mitigar sus consecuencias. “Entendimos que el cambio climático altera el ciclo del agua, que afecta directamente los embalses que abastecen a Bogotá y 11 municipios de la Sabana”, afirmó. Esta situación demanda un nuevo relacionamiento con el recurso hídrico, una conciencia de que el agua no nace en el grifo, sino en ecosistemas que hoy están gravemente comprometidos.

Ballesteros también destacó la importancia de los hábitos adquiridos durante este periodo. El uso responsable del agua en los hogares, el aprovechamiento del agua lluvia, el reuso y la economía circular no pueden ser prácticas temporales. “No se trata de volver a desperdiciar agua una vez se levante el racionamiento. Lo vivido debe consolidarse en una nueva cultura ciudadana del agua”, recalcó.

En ese mismo sentido, el docente de la Universidad Nacional José Daniel Pabón advirtió que aunque muchos relacionan esta crisis con el cambio climático, su origen más inmediato fue una fase extrema de variabilidad climática. No obstante, su llamado fue claro: quienes gestionan el agua deben contar con herramientas de predicción climática más precisas. “Se necesita capacidad de anticipación basada en conocimiento científico para planificar mejor”, advirtió, cuestionando si el Acueducto de Bogotá dispone de esas capacidades actualmente.

Pero más allá del clima, las decisiones políticas han jugado un rol determinante. Así lo señala el profesor Leonardo Donado, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Para él, el racionamiento llegó como resultado de una cadena de desaciertos administrativos, entre ellos, el desconocimiento del plan maestro del Acueducto de Bogotá. “Este plan existe desde los tiempos de Francisco Wiesner, quien ya preveía el crecimiento poblacional y diseñó estrategias para garantizar la oferta hídrica. Pero las decisiones de los gobiernos han sido fragmentadas y muchas veces motivadas por intereses particulares”, criticó.

Donado resalta la importancia de avanzar en obras estratégicas, como un nuevo embalse en el Páramo de Chingaza, que permita una regulación plurianual del agua y no solo anual, como ocurre actualmente. La infraestructura para ese proyecto —incluidos túneles de trasvase y vías de acceso— ya existe. Lo que falta es decisión política y un plan ambiental que compense los impactos ecológicos, cumpliendo con la normativa vigente.

El experto también plantea otras alternativas: mejorar el uso de embalses del norte controlados por la CAR, avanzar en el aprovechamiento del agua subterránea con estudios detallados de recarga, y reducir las pérdidas en la red de distribución, que actualmente alcanzan el 35 %. Incluso menciona el saneamiento integral del río Bogotá como una solución de largo plazo para reducir los costos de potabilización y mejorar la salud ambiental del ecosistema.

Frente a este panorama, Donado hace una propuesta crucial: la creación de un comité asesor permanente de expertos locales, que incluya universidades como la Nacional, Los Andes, la Escuela Colombiana de Ingeniería y otras instituciones con trayectoria en investigación del recurso hídrico. “Es hora de fortalecer la capacidad científica local. En lugar de depender de diagnósticos genéricos del Banco Mundial, debemos aprovechar el conocimiento que ya existe en Bogotá y crear un centro de investigación e innovación en agua que respalde las decisiones públicas”, señaló.

El racionamiento, más que una medida de emergencia, ha sido una advertencia. Nos recordó que el suministro de agua depende de un equilibrio complejo entre clima, ecosistemas, infraestructura y gobernanza. Y que sin acción coordinada, tanto a nivel institucional como ciudadano, la próxima crisis podría ser más severa y duradera

CAROL MALAVER

SUBEDITORA SECCIÓN BOGOTÁ DE EL TIEMPO

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