Las detenciones y desapariciones forzadas no han cesado en Venezuela, pero luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se proclamó ganador sin mostrar pruebas, la represión se disparó sin precedentes.
Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación, especialmente por las pocas acciones que hay para llamar la atención sobre las violaciones de derechos humanos en el país vecino.
Familiares de «presos políticos» participan en una manifestación en Caracas (Venezuela). Foto:EFE
¿Cómo evalúan la situación de Venezuela, teniendo como último precedente la desaparición forzada del abogado Eduardo Torres, integrante de la ONG venezolana Provea?
Desde Civil Rights Defender estamos supremamente preocupados por la situación de derechos humanos en Venezuela. Llevamos muchos años trabajando con organizaciones defensoras que nos dan la lectura de lo que está pasando y de cómo ha venido dándose el declive de la situación en el país. Realmente lo que podemos ver es que el Gobierno está desarrollando una estrategia de persecución sistemática contra la sociedad civil independiente con miras a acabar con la oposición, pero también con todo tipo de crítica o con todo tipo de movimiento social que no esté alineado con sus propósitos.
¿Cuáles serían las acciones que se pueden tomar en medio de este cerco, teniendo también en cuenta que se parece cada día más al caso Nicaragua y a Cuba?
Las medidas, sobre todo por parte de la sociedad civil venezolana, es seguir resistiendo a pesar del cierre del espacio cívico, es el poder continuar registrando las violaciones de derechos humanos y buscando formas creativas para poder seguir desarrollando esta labor de la manera más segura posible, porque el cerco, como el caso de Eduardo Torres, las detenciones, las amenazas, las desapariciones forzosas, son el pan de cada día.
Hay cifras, por ejemplo, que dicen que en este momento hay 66 personas desaparecidas. Solo para darte algunas cifras que le den color a esta situación.
El Gobierno está desarrollando una estrategia de persecución sistemática contra la sociedad civil independiente con miras a acabar con la oposición
¿Qué pasa con el caso de Eduardo Torres?
Lo que nosotros sabemos es lo que también está público en la página de Provea, que es la organización a la que él hace parte. Miembros de la organización, junto con su esposa, han estado buscándolo en diferentes centros penitenciarios, también fueron al Tribunal de Justicia, han estado buscando en los diferentes lugares donde podrían darle respuesta sobre la ubicación de Eduardo y no han tenido respuesta. La única comunicación que se tiene fue hace unos días que el Fiscal General de la nación confirmó.
Manifestaciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Foto:EFE.
Según lo que menciona, estas acciones tienen la intención de la eliminación de la disidencia. Al desaparecer, ¿a qué se enfrenta el país?
La desaparición de la sociedad civil en Venezuela o en cualquier país en el mundo es un daño directo hacia la democracia de ese país. La sociedad civil organizada es ese grupo de personas que están buscando siempre generar el fortalecimiento de la democracia y la construcción con propuestas de escenarios que sean de respeto para los derechos humanos de todas las personas que viven en ese país. Entonces, en un escenario como el venezolano, donde el declive de la democracia es cada vez más evidente, la desaparición o el cierre de ese espacio para que la gente pueda proponer construcción de democracia, para que pueda proponer el avance de los derechos humanos o en estos casos tan extremos presentar las denuncias y hablar abiertamente sobre las diferentes violaciones que se están dando, lo que hace es que simplemente las violaciones sean cada vez mayores y además no tengan un mecanismo de registro, de memoria histórica.
A largo plazo, ¿eso implica impunidad para las víctimas?
Además de no poder hacer el registro, ¿qué otras características han encontrado ustedes en este conglomerado de violaciones de derechos humanos en el caso venezolano? ¿Tienen una caracterización?
Han sido las organizaciones venezolanas quienes han estado trabajando en esa caracterización. Te puedo decir que además de las desapariciones forzadas, por supuesto, hay otro patrón muy grande que es el de presos políticos. Hay muchas personas que están detenidas actualmente, según los datos de Foro Penal, que es una organización venezolana, hay 895 actualmente detenidas en Venezuela bajo esta caracterización de presos políticos.
Ese es un patrón muy grande. De esas 895, por ejemplo, hay 87 mujeres y lo que hemos visto en este patrón, sobre todo después de las elecciones de julio de 2024, es que la mayoría de estas personas no están teniendo acceso a abogados de confianza, están teniendo abogados públicos que les imponen y eso de entrada es una violación también al debido proceso de esas personas.
También hay otro patrón, como las constantes amenazas por parte de funcionarios de muy alto nivel donde se criminaliza el trabajo de personas defensoras por participar en una organización de derechos humanos. Esto es un mecanismo y es una estrategia que ha sido sistemática a lo largo de los años. Otro patrón son los asesinatos, por ejemplo, en las manifestaciones. Los asesinatos durante las marchas de las personas que estaban en la calle protestando.
Las constantes amenazas por parte de funcionarios de muy alto nivel donde se criminaliza el trabajo de personas defensoras por participar en una organización de derechos humanos.
¿Cómo incide esta situación venezolana, no solo en lo migratorio, en el resto de la región y sobre todo en Colombia? A veces se piensa que Nicaragua y Cuba no están tan cerca de América del Sur.
Pues, el tema de los migrantes es un tema muy importante y es algo que afecta a toda la región. Para Colombia, por ejemplo, Venezuela está al lado y es muy preocupante y afecta directamente no solamente a la democracia de Venezuela, sino a las diferentes democracias de la región.
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Según la forma en la que los Estados también reaccionan a lo que sucede dentro de Venezuela, es una forma en la que también podemos ir midiendo cuál es la situación en los diferentes países sobre el respeto o el valor que tienen los derechos humanos, la democracia y las instituciones. Realmente lo que podemos ver es que una sociedad civil fuerte y una democracia fuerte en cualquier país va a tener un reflejo positivo alrededor y si pasa lo contrario, por supuesto también hay un debilitamiento en ese sentido.
Nicolás Maduro celebra el triunfo del chavismo en las elecciones del 25 de mayo en Venezuela. Foto:AFP
La debilitación de la democracia en Venezuela afecta en ese sentido a todas las democracias, de la región porque les permite a las otras democracias construir otras herramientas de debilitación y de aumento de populismos y de estrategias que puedan continuar violando los derechos humanos y cada vez más en general en el mundo.
El tema no es lejano para Colombia, en Venezuela hay al menos 16 colombianos bajo desaparición forzada, entonces, esa debilidad también puede ser un factor de riesgo para los ciudadanos de otros países, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes les hacen a los gobiernos de la región, más allá de pronunciarse o solidarizarse?
Es justamente eso, de qué manera los Estados de la región pueden ser parte de la solución o de continuar el problema. Creo que algo muy concreto, por ejemplo, con el caso específico de Eduardo Torres, es que los Estados también se cuestionen y pregunten: ¿dónde está?
En enero tuvimos un caso de otra persona defensora de derechos humanos en Venezuela, Carlos Correa, en el que, por ejemplo, el presidente Petro exigía la liberación de esta persona. Ese tipo de presiones son supremamente importantes y relevantes. Las violaciones de derechos humanos deberían ser cuestionadas, denunciadas por todos los Estados, sin importar de dónde provienen esas violaciones.
Eso no solo va a fortalecer o prevenir que se sigan cometiendo violaciones en los países donde se están cometiendo sino también que esas democracias se fortalezcan en los países donde sus mandatarios están haciendo las denuncias.
Las violaciones de derechos humanos deberían ser cuestionadas, denunciadas por todos los Estados, sin importar de dónde provienen esas violaciones.
Desde Civil Rights Defenders, ¿qué consideran que ha impedido esa postura más firme del resto de la región en cuanto a los derechos humanos?
Lo que hemos visto es que la situación en Venezuela ha venido transformándose desde hace varios años en este patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos y al ser un patrón, para los diferentes Estados, también es un gran reto la forma en la que se aborda, pues hay muchas estrategias internas en Venezuela con un aparataje estatal que se ha ido afinando para cerrar el espacio cívico, para debilitar la democracia, son muchas estrategias internas.
Por ejemplo, la ley anti-ONG, y eso creo que va determinando las formas en las que cada país de acuerdo a sus políticas internas, también se puede ir relacionando con las diferentes situaciones que se van dando en Venezuela.
Lo importante es mirar hacia adelante y continuar exigiéndole a los diferentes Estados de la región que se pronuncien y que, sin importar las diferencias de patrones que se den adentro, se enfoquen en la situación de derechos humanos y que los derechos humanos estén en el centro de la discusión con Venezuela.
Manifestaciones contra las detenciones arbitarias. Foto:AFP
¿Cómo ven ustedes los próximos seis meses en cuanto en Venezuela, que tuvo unas nuevas elecciones regionales?
Nos preocupa mucho, sinceramente. Creo que hay situaciones que van a ser claves para temas de derechos humanos en el país.
Uno es la implementación de la ley anti-ONGs, que es una ley que ya está entrando en vigor, ya tiene como una de sus fases andando y esta lo que hace es que cierra el espacio cívico de forma legal. Entonces, cualquier organización, ya sea de derechos humanos o de caridad, sin ánimo de lucro, va a tener que realizar un nuevo registro y va a tener que reportar de una forma muy detallada todo lo que realizan. Lo que buscan aquí es simplemente generar un control sobre de dónde vienen los recursos y que permita que muchas organizaciones no logren alcanzar el reconocimiento legal, entonces va a ser como el caso de Nicaragua donde hay más de mil organizaciones que ya tienen ese estatus cerrado por una ley muy parecida.
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