¿Tiene un pleito laboral? Estos son los cambios que trae el nuevo Código Procesal del Trabajo recién sancionado

El mayor número de demandas admitidas y notificadas en contra del Estado son por temas laborales. De acuerdo al último informe de litigiosidad de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el año pasado fueron abiertos 33.078 procesos judiciales de este tipo. Estos pleitos, así como en los que el demandado o demandante es una persona o empresa eran regidos por un viejo código de más de 60 años que acaba de ser actualizado y que entrará en vigencia en 2026. Estos son los cambios.

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Con 331 artículos, el nuevo Código se enfoca principalmente en fomentar acuerdos entre las partes para que los casos se resuelvan de forma mucho más ágil. Además, como el anterior código era muy básico, para muchos procedimientos y trámites se debía recurrir al Código de Procedimiento Civil. Por eso, la intención fue unificar en una sola norma las disposiciones del Código General del Proceso y del Contencioso Administrativo, adaptadas al contexto laboral.

«Uno de los pilares de este nuevo compendio es la eficiencia traducida en la reducción de los términos en procesos especiales y la implementación del reparto único nacional, permitiendo, además, aplicar la sentencia anticipada y el proceso monitor en la jurisdicción, lo que evita la prolongación innecesaria de los litigios», detalló la magistrada Clara Inés López Dávila, presidenta de la Sala de Casación Laboral.

Según el artículo 260, el juez, de oficio o a solicitud de parte, deberá dictar sentencia anticipada total o parcial antes de la audiencia inicial para cinco eventos.

La conciliación podrá intentarse antes o después de presentada la demanda o en cualquiera de las instancias, pero no constituye requisito de procedibilidad.

Por su parte, el reparto se aplicará para distribuir las cargas entre los despachos de la jurisdicción laboral —con base en las cifras del Consejo Superior de la Judicatura— en aquellos pleitos en los que no sea necesaria la práctica de pruebas testimoniales.

“Estos procesos se tramitarán por medios virtuales hasta su culminación. La segunda instancia también podrá someterse a las disposiciones de reparto”, señala el articulado.

Las demandas, junto con sus anexos, deberán presentarse en formato digital a través de las direcciones de correo electrónico designadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Además, las funciones procesales podrán llevarse a cabo en sedes virtuales o mediante modalidades de trabajo en casa.

Otro cambio clave, incluido en el artículo 39 sobre la comparecencia en los procesos, es la posibilidad de que consorcios, uniones temporales, personas jurídicas y patrimonios autónomos participen en el litigio a través de su representante legal o vocero.

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El nuevo Código también flexibiliza los términos, las pruebas y cierra los márgenes para la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Solo serán susceptibles de ser estudiadas, por casación, «las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales en los procesos declarativos -ordinarios y especiales- cuando el valor actual de la decisión desfavorable del recurrente exceda de 150 veces el salario mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio de los recursos ya interpuestos». 

Aun así, para efectos de proteger los derechos constitucionales y ejercer control de legalidad sobre las decisiones judiciales, la Sala de Casación podrá, de oficio o por remisión de los tribunales superiores, seleccionar otras sentencias para su estudio. Entre ellas, las que envíen los tribunales sobre procesos especiales, como casos de acoso laboral o fueros sindicales.

El nuevo Código Procesal del Trabajo también modifica los topes de las demandas que determinan la competencia de los jueces y obliga a tramitar la doble instancia para todos los asuntos. 

“Los jueces laborales municipales conocerán en primera instancia los procesos de mínima cuantía, cuyo monto no exceda los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los jueces laborales del circuito asumirán los casos que superen este rango”, señala el artículo 13.

En los lugares donde no haya jueces laborales municipales, las demandas serán tramitadas por los jueces laborales del circuito, o, en su defecto, por los jueces civiles del circuito o promiscuos. Esta misma fórmula se aplicará en ausencia de jueces laborales del circuito.

Además, se habilita el decreto de medidas cautelares, como el embargo de bienes, para garantizar el cumplimiento de la sentencia y el pago de las acreencias laborales. También se incorpora la justicia restaurativa para subsanar derechos inmateriales que hayan sido vulnerados, lo cual puede traducirse en acciones como tratamiento psicológico, la publicación de una cartelera reivindicando los derechos del trabajador en la empresa, o incluso su reintegro.

«Los cambios que introduce este nuevo catálogo normativo, sin duda, impactarán positivamente en el impulso de los procesos laborales y en la protección de los derechos de los colombianos y las colombianas. De esta manera, la Corte reitera su compromiso con una administración de justicia más ágil, moderna y alineada con las nuevas necesidades de sus usuarios«, agregó la magistrada López.

Redacción Justicia