Violencia por prejuicio: Sara Millerey y las 13 mujeres trans asesinadas en 2025, ¿quiénes están detrás?

El brutal homicidio de Sara Millerey González Borja, una humilde mujer transgénero de 32 años, que se dedicaba al reciclaje y cuya agonía fue registrada pasivamente en video por algunos habitantes de Bello, Antioquia, mientras luchaba contra la corriente en la quebrada en la que la arrojaron tras haber fracturado sus extremidades, ha estremecido al país y ha elevado un campanazo para las autoridades ante la atroz violencia que padecen las mujeres de la población trans.

Sara fue la sexta asesinada este año en Antioquia. A Sheik Quintana le dispararon en su casa en Caucasia y a Carolina Muñoz la encontraron atada en el municipio de Andes, el mismo en el que también decapitaron, a finales de marzo, a otra víctima cuyo nombre no trascendió. La Fiscalía General de la Nación advierte que ya son 13 las mujeres transgénero que han sido asesinadas en lo que va de 2025, superando con creces los 8 homicidios contra la misma población, que se registraron para el mismo periodo de 2024, un año que cerró con 25 de dichas muertes.

Un investigador del ente acusador le advirtió a EL TIEMPO que aunque no se puede concluir que de los asesinatos reportados exista «un solo foco de violencia», las investigaciones sí encuentran un elemento común y es la «violencia por prejuicio», que se da por «imaginarios sociales y contra todo lo contrario al estándar social». Es una violencia que se ejerce contra quienes transgreden la tradición de los binomios hombre/mujer y femenino/masculino, en un concepto que ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-.

«Por una parte, se criminaliza a las personas en un contexto barrial por consumo de drogas o por presumir que son delincuentes. Pero también hay violencia en razón a la identidad de género contra mujeres trans que son vistas como trabajadoras sexuales, todo esto bajo imaginarios sociales«, expresó el investigador. 

La fuente indica que en algunas de estas muertes hay dinámicas de «limpieza social» y que han identificado un mayor factor de riesgo contra las mujeres que se dedican al trabajo sexual. «El hecho de hacer trabajo sexual pago pone en mayor riesgo a las personas trans: eso lo hemos visto en Cali, Medellín y Bogotá», añade el investigador, confirmando que en la mayoría de los casos los agresores son hombres cisgénero. 

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Ale Gómez Restrepo, persona no binaria que coordina los litigios en la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans – GAAT-, expresó su profunda preocupación por la violencia transfeminicida y por el patrón de violencia sistemático que ha reducido la expectativa de vida de esta población.

“Las mujeres trans son el sujeto más vulnerable y esto se debe a múltiples factores. La estimación que se ha hecho a nivel regional de la expectativa de vida de ellas no supera los 35 años, lo cual nos deja una gran preocupación porque es menos de la mitad de la esperanza de vida de una persona promedio. Y esa esperanza de vida no se debe a un asunto de enfermedades o de muerte natural sino específicamente por los asesinatos y la violencia transfeminicida”, dijo Gómez. 

En 2015, la CIDH expresó su preocupación «por la corta edad de las mujeres trans víctimas de asesinatos y otros actos de violencia». Según los datos que recopilaron en el informe ‘Violencia contra personas LGBTI’, lanzado en dicho año, «el 80% de las personas trans asesinadas tenía menos de 35 años». En 2018 reiteraron que la esperanza de vida promedio de esta población en las Américas era esa.  

Gómez advierte que detrás de la discriminación y la violencia que sufren las mujeres trans está el «modelo imperante social que dictan la heteronormatividad y la cisnormatividad”, es decir, las convenciones sociales que asumen a la heterosexualidad como el único modelo aceptable y a la expresión del sexo con el que se nació como el único rol válido.  

«La transfobia tiene mucho que ver con un homosexualismo latente en las colectividades, que no se ha sabido procesar con inteligencia emocional. Con un machismo absolutamente obtuso, que no permite ningún gesto de debilidad y que cuando ve las trans considera que somos una ‘traición al género’, que por supuesto tiene efectos políticos, y que ‘puede ser extremadamente peligrosa para los niños y las niñas’. Entonces hay gente que se cree con derecho a proteger a las nuevas generaciones ejerciendo este tipo de violencia», agregó Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN y mujer transgénero. 

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Velandia, quien además representa a la comunidad en la comisión asesora de derechos humanos y paz de la Defensoría del Pueblo, advierte que “las personas menos favorecidas dentro del sector LGBTIQ+ lógicamente son las personas trans porque son la agresión continua a la sociedad pues en su cuerpo, su comportamiento y sus relaciones sociales le están diciendo al mundo que las personas son lo que quieren ser”.

«Las mujeres trans somos noticia cuando ya estamos muertas. Lo que sucedió a Sara pasa de manera constante. Es evidente que la violencia basada en la identidad de género, y particularmente con las mujeres trans, está pasando por su crisis más fuerte en Colombia, después las ‘limpiezas sociales’ de la pasada era paramilitar», expresó Emma Ángel, gestora cultural y promotora de Derechos humanos. 

Germán Rincón Perfetti, fundador de la ONG Colombia Diversa, advierte que el Estado “realmente está haciendo muy poco” y demanda acciones del presidente Gustavo Petro para proteger a esta población. «Existen algunas políticas públicas LGBTIQ+ pero el tema está en que esto es algo que se ha dicho hace mucho tiempo. El presidente Petro cuando estuvo de alcalde muchas cosas sacó con el tema trans y LGBTI y ahora está callado», expresó el jurista.

El abogado José Montufar, activista de la comunidad LGBTI, agrega que «no hay una ley de especial protección por parte del Congreso de la República que sancione a las personas que discriminan, promueven discursos y asesinan a la población LGBTIQ+ y especialmente a la población trans. Es urgente en el país una ley que proteja nuestros derechos».

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia anacue@eltiempo.com