Desde que Augusto Rodríguez, cabeza de la Unidad Nacional de Protección (UNP), destapó en pleno consejo de ministros televisado del 4 de febrero los intentos de alias Papá Pitufo o ‘el zar del contrabando’ por infiltrar a fichas del gobierno Petro, se viene especulando sobre su permanencia en la administración, a pesar de su vieja y estrecha cercanía con el Presidente de la República.
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El nuevo cuestionamiento
Augusto Rodríguez, director de la UNP en consejo de ministros. Foto:Archivo particular
La solicitud de que lo saquen del cargo fue enviada tanto a la Procuraduría como al Ministerio de Interior, en cabeza de Armando Benedetti, quien desde febrero anunció que interpondría denuncias penales contra Rodríguez por los señalamientos que hizo en su contra sobre una supuesta reunión suya con ‘Pitufo’ en España.
Sin embargo, la UNP depende jerárquicamente de la cartera del Interior, razón por la cual le compete conocer los temas de esa entidad.
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Pero al despacho del ministro Benedetti y de la Procuraduría acaba de llegar una nueva denuncia que implica a la administración Rodríguez y que proviene del mismo sindicato.
Camionetas de la UNP. Foto:Policía Metropolitana de Bogotá
Ahora aseguran que la UNP benefició ilegalmente con la adjudicación de contratos -entre 2022 y 2023- a la empresa de vigilancia Pretorian (señalada de entregar armas a cabecillas de bandas criminales) y a «empresas como las del ‘zar de la seguridad».
Según la denuncia, se omitieron observaciones que ese sindicato y el Sindicato Nacional de Escoltas Capacitados en Protección Especial (Sinescapep) habían hecho.
Y aseguran en un post del pasado 10 de abril que ya remitieron toda la información tanto al ministro Benedetti como a Casa de Nariño, al igual que al presidente Petro.
¿Contrato al ‘zar de la seguridad’?
Jorge Arturo Morena Ojera, ‘Zar de la vigilancia’. Foto:Archivo particular
EL TIEMPO se comunicó el jueves con Augusto Rodríguez, quien aseguró que se trata de una persecución del sindicato Asep en su contra.
«Deberán demostrar que ellos hicieron advertencias sobre la empresa Pretorian. Y sobre el caso de la firma que ligan con Moreno fuimos nosotros los que denunciamos una presunta cartelización ante la SIC«, le dijo Rodríguez a EL TIEMPO.
El ‘zar de la seguridad’ al que se refieren tanto Rodríguez como los sindicatos es Jorge Arturo Moreno Ojeda.
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En junio de 2021, Moreno Ojeda fue condenado en primera instancia a siete años y seis meses de cárcel por haber incurrido en irregularidades para que empresas asociadas a su grupo resultaran favorecidas con contratos estatales.
Y en agosto de 2022, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia en su contra, pero le absolvió uno de los delitos que se le indilgaban y bajó la pena a seis años y seis meses de prisión.
Estos son las accionistas fundadoras de Alliance Security Rent Car LTDA en diciembre de 2013. Foto:Archivo particular
EL TIEMPO habló con el penalista Marlon Díaz, apoderado de Moreno en este caso, quien manifestó que la sentencia contra su cliente no está en firme porque se encuentra en casación ante la Corte.
Este diario también se comunicó con Yesid Barragán, director del sindicato Asep, quien dijo que darían declaraciones sobre las denuncias hasta después de Semana Santa.
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Sin embargo, uno de sus compañeros le dijo a EL TIEMPO que la empresa a la que ligan con Moreno Ojeda es a Alliance Security Rent Car Ltda., quien ha tenido varios contratos con anteriores gobiernos y que actualmente tiene uno vigente con la UNP, firmado el 27 de diciembre de 2023, por 92.495 millones de pesos.
El objeto es el arrendamiento de cerca de 232 vehículos para protección de personas con esquemas de la UNP en ciudades como Quibdó, Apartadó, Tuluá, Cali, Cartagena, Medellín, Montería, Pasto y Bogotá.
Lazos familiares
Estos son los accionistas de Alliance Security Rent Car LTDA, según un documento. Foto:Archivo particular
EL TIEMPO investigó y estableció que esa empresa aparece constituida en diciembre de 2013.
El nombre de Jorge Arturo Moreno Ojeda no aparece en los documentos. Sin embargo, sí figura su hermana María Aurora Moreno Ojeda como socia fundadora.
Además, entre sus directivos y accionistas figura Felipe Arturo Moreno Laguado, su hijo. En febrero de 2024, Angélica María Moreno Cuéllar cedió sus acciones a Moreno Laguado.
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La abogada Alexandra Martínez, asesora jurídica de Alliance, fue enfática en que Jorge Moreno no tiene ningún vínculo societario o de otro tipo con Alliance.
Y si bien admitió que actualmente en la empresa aparecen la hermana del empresario y uno de sus hijos, aseguró que se trata de una sociedad independiente: «La empresa no tiene nexo con el señor Jorge Moreno. Además, en Colombia no hay delitos de sangre y los contratos que se le han adjudicado a Alliance han sido por selección abreviada, cumpliendo con los requisitos técnicos, jurídicos y habilitantes».
Procesos sancionatorios, archivados
Esta fue la cesión de acciones de Angélica María Moreno a Felipe Arturo Moreno en febrero de 2024. Foto:Archivo particular
La abogada Martínez también se refirió a los tres procesos sancionatorios que la UNP le abrió a Alliance por presuntos incumplimientos: «En todos los casos los procesos han sido archivados en favor de Alliance porque se ha demostrado que no hubo ningún tipo de incumplimiento que se le pueda atribuir. La más reciente decisión en favor de la compañía es del 25 de marzo pasado».
Finalmente, cuando se le preguntó en qué va la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por presunta cartelización, donde mencionan a Alliance, a Moreno y a otras firmas y empresarios dijo que presentaron descargos en enero pasado.
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EL TIEMPO conoció el documento en donde Alliance niega haber desplegado las tres conductas que se le atribuyen en 13 procesos de selección abreviada en la UNP, desde 2015 hasta 2022.
La firma Pretorian Security Ltda. Foto:Archivo particular
«No son más que el resultado del desconocimiento total de los pliegos de condiciones y una falta absoluta del conocimiento de la forma como operan los procesos de contratación de los vehículos blindados en la UNP», se lee en los descargos.
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Entre otros puntos, también se señala que las evidencias sobre «conversaciones vía Whatsapp que al parecer darían cuenta de que Jorge Moreno, vinculado a Alliance, mantenía comunicación con otros investigados para definir la forma como Alliance se comportaría en el marco de los procesos de selección de la UNP» fueron obtenidas vulnerando las garantías y derechos fundamentales al debido proceso.
La empresa del coronel
El coronel (r.) Pedro Ruiz, dueño de la firma Pretorian. Foto:Archivo particular
Sobre Pretorian, la otra empresa mencionada en el post del sindicato de la UNP, Augusto Rodríguez aseguró que los sindicatos tendrán que demostrar que alertaron sobre las supuestas irregularidades.
«Nosotros alertamos a las autoridades desde que Manuel Castañeda, el llamado narcochofer, empezó a entregar información de corrupción en la UNP con los esquemas de seguridad», le dijo Rodríguez a EL TIEMPO.
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Desde marzo de 2023, este diario publicó información detallada sobre ese caso.
De hecho, tras las capturas de las que habló la semana pasada el Presidente, desde Pretorian emitieron un comunicado en el que señalaron que el carné de vigilante expedido por la empresa a alias el caballista fue emitido un año antes de su captura, y que la firma desconocía los hechos previos a su contratación.
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