Exgobernador de Amazonas fue destituido e inhabilitado por Procuraduría tras firmar contrato en pandemia: ¿por qué?

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a Jesús Galdino Cedeño, exgobernador del departamento de Amazonas, tras comprobar que incurrió en una falta gravísima al celebrar contratos con personas que financiaron su campaña política.

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De acuerdo con lo que se lee en el fallo, lo sucedido constituye una inhabilidad clara para contratar, según lo establecido por la ley colombiana en materia electoral y administrativa. Por eso mismo, el Ministerio Público determinó que el exfuncionario incurrió en una conducta sancionable, que afectó la transparencia en la contratación pública e incumplió los principios éticos que rigen el ejercicio de la función pública.

El proceso disciplinario también mostró que, tras asumir el cargo de gobernador, Galdino Cedeño omitió declarar el conflicto de intereses derivado de esa relación económica con la empresa, y permitió que se desarrollara la contratación sin restricciones.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento calificó la falta del exgobernador como gravísima, cometida a título de dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de actuar en contra de la norma.

El fallo indica que Galdino Cedeño debía abstenerse de contratar a personas naturales o jurídicas que hubieran financiado su campaña electoral, precisamente para evitar conflictos de interés y proteger la imparcialidad en la toma de decisiones dentro de su mandato.

Frente a esa decisión, este medio se contactó con la Gobernación de Amazonas, pero su respuesta fue que el actual mandatario no emitirá declaraciones sobre el caso por el momento. “Ese tipo de asuntos ya está en manos de entes de control. Nosotros respetamos la autonomía de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría”, dijo un vocero de la administración departamental.

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Con la sanción impuesta por el ente, se busca sentar un precedente para evitar que quienes aspiren a cargos públicos utilicen su posición para devolver favores políticos o económicos a sus financiadores. “Los recursos públicos no pueden convertirse en moneda de pago de compromisos de campaña. La ciudadanía merece gobernantes que respondan al interés general y no a intereses privados”, señaló el fallo.

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