El Consejo de Estado acaba de confirmar la inadmisión de una demanda que ya tiene ocho años en sus anaqueles y que está relacionada con la emblemática hacienda Las Pavas, territorio de 1.338 hectáreas ubicado en el corregimiento de Buenos Aires, en el municipio de El Peñón al sur de Bolívar, que en la década de los 90 fue abandonado y al inicio del nuevo milenio fue epicentro del desplazamiento y el despojo paramilitar.
La alta Corte rechazó un recurso que presentaron las palmicultoras Aportes San Isidro y Palmeras el Labrador, con el que pretendían que se admitiera una demanda que radicaron en 2016 y con la que exigen una indemnización por más de 116 mil millones de pesos ($116.970.000.000) por los supuestos perjuicios causados por seis resoluciones expedidas por el extinto Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, que derivaron en la extinción del dominio agrario de las tres fincas que conforman la hacienda Las Pavas: “Las Pavas”, “Peñaloza” y “Si Dios quiere”.
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Entrega de tierras para campesinos de Las Pavas. Foto:Presidencia de la República
La historia del litigio por Las Pavas
Por la hacienda Las Pavas hay una vieja y dolorosa disputa entre las 123 familias agrupadas en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), quienes iniciaron la explotación económica de la hacienda en 1997 tras el abandono de su antiguo propietario Jesús Emilio Escobar Fernández, y la empresa palmicultora Aportes San Isidro, que le compró las tierras a Escobar en el año 2007.
Escobar, quien abandonó Las Pavas en 1993, es señalado en expedientes judiciales como el hermano del narcotraficante del cartel de Medellín Gustavo Escobar Fernández.
Fueron los campesinos de Asocab los que en el año 2006 le pidieron al Incoder que iniciara el trámite de la extinción del dominio de las fincas “Las Pavas”, “Peñaloza” y “Si Dios quiere”, ante su falta de explotación. Pero un año después la empresa Aportes San Isidro, representada por José Ernesto Macías, apareció en la ecuación con una escritura pública con la que alegaron la propiedad de los predios y la compra de buena fe.
En 2008 el Incoder inició el procedimiento de extinción de dominio sobre las tres fincas en disputa. El mismo año en que las comunidades denunciaron ser víctimas de otro evento de desplazamiento forzado por la posesión de la codiciada hacienda.
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Consejo de Estado Foto:Consejo de Estado
El consejero de Estado Nicolás Yepes deberá dar trámite, después de la vacancia judicial de semana santa, de los eventuales nuevos recursos que presente Aportes San Isidro contra la reciente decisión adversa.
ANA MARÍA CUESTA
Editora de justicia anacue@eltiempo.com