La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva en flagrancia en varios predios de la vereda San Jorge, en el municipio de Zipaquirá, tras detectar la disposición ilegal de residuos de construcción y demolición (RCD). La actuación fue posible gracias a las denuncias de la comunidad del sector Los Pinos, que alertaron a las autoridades ambientales sobre la irregularidad.
«Al llegar al lugar, nos encontramos con una volqueta descargando material para nivelar un terreno. El propietario del predio alegó desconocer que se trataba de una actividad ilegal. Sin embargo, se impuso la medida preventiva correspondiente», explicó Liliana Ramírez, directora de la regional CAR Sabana Centro.
Al fondo se ve la volqueta que la CAR encontró descargando material. Foto:Cortesía de la CAR
A pocos metros del lugar, las autoridades también identificaron residuos similares en otro predio, con indicios de que serían usados para relleno sobre una fuente hídrica.
El riesgo que conlleva el relleno de fuentes hídricas
Durante el proceso de investigación, los habitantes del sector señalaron conocer el origen de los residuos. Como parte de la actuación, la CAR hizo presencia en la obra desde donde supuestamente provenían los materiales para advertir a los responsables sobre el procedimiento irregular.
De acuerdo con la CAR, los encargados de la obra manifestaron que las volquetas fueron contratadas con un operador externo, quien habría entregado certificados de disposición final en sitios de acopio autorizados.
La Corporación hizo presencia en la obra para advertir sobre el mal procedimiento que realizaban. Foto:Cortesía de la CAR
Un llamado a la rigurosidad
Ante esta situación, la CAR reiteró su llamado a los contratistas, interventores y responsables de obras civiles a verificar de forma rigurosa la documentación de los servicios que contratan para el manejo y disposición de RCD.
La corporación indicó que resulta fundamental garantizar que los residuos lleguen a sitios autorizados, donde se realice un tratamiento adecuado y legal.
La participación activa de la ciudadanía fue esencial en este caso para detener una práctica que, de haberse prolongado, habría generado un daño ambiental considerable. El control sobre la disposición de residuos es clave para proteger el medio ambiente, conservar los cuerpos de agua y evitar afectaciones al suelo.
MARÍA PAULA RODRÍGUEZ ROZO
Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO
marroz@eltiempo.com